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Editorial & Opinion

¿Corrupción legal?

Rafael Domínguez / Periodista

miércoles 27, junio 2018 - 12:00 am

Analizando un poco más a fondo la realidad de los hechos de corrupción denunciados por la Fiscalía contra el expresidente Funes, el expresidente Saca y otra cantidad de exfuncionarios públicos me surge la duda sobre si ¿esto que moralmente para todos son hechos punibles lo son para nuestro orden legal? Lo digo en el sentido que pareciera que lo que realmente estamos descubriendo es un entramado, una red, una fórmula repetitiva de extraer fondos desde Casa Presidencial que al menos el mundo político ha conocido siempre y del cual se ha beneficiado sea quien sea el que ocupe la silla presidencial.

¿Cómo es posible que el Ministerio de Hacienda, la Súper Intendencia del Sistema Financiero, la Corte de Cuentas (CCR), la Secretaría de Transparencia y anticorrupción y el Banco Central de Reserva (BCR) como entes operativos y controladores del dinero público y del operar de la función pública, ninguno pueda definir su rol y sus capacidades frente al uso irrestricto de los millones de dólares de Casa Presidencial?  Es más han dicho no tener capacidad para intervenir y para conocer esos gastos, tanto así que a la CCR que no le permiten hacer auditoría especial a la partida de gastos reservados y que en el pasado tampoco se han realizado.

¿Será entonces que la partida de gastos reservados o discrecionales es un mecanismo creado para legalizar la corrupción? Pareciera esto porque también al margen del conocimiento público de los hechos no hay tampoco reacciones importantes de quienes lideran la política y la administración pública, no hay mensajes y mucho menos propuestas por entender el problema y solucionarlo a futuro, no hay una tan sola propuesta de cómo mejorar o reformar la ley de la Corte de Cuentas, como darle dientes al BCR o como la Súper del Sistema Financiero debería intervenir cuando las sumas de dinero y movilización de billetes es sospechosa en los bancos del Estado, nadie de ninguno de los partidos políticos y principalmente de la oposición se refieren a ello ¿será que son beneficiarios de la misma partida? ¿Lo han sido por años? ¿Es este el botín que tanto ansían en cada elección? Algo más que no me cuadra en todo esto es que nadie está pidiendo la eliminación de dicha partida o buscando cuales son los límites legales del uso de la misma.

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El actual ministro de Hacienda junto al ahora vocero y exsecretario Técnico de la Presidencia Roberto Lorenzana, expusieron con total frialdad o cinismo, que los gastos reservados son una norma establecida del gasto público en todo el mundo, como quien dice no debería extrañarnos que haya un expresidente o un presidente que de esa partida saque dinero para hacer lo que le da la gana, es entonces ese ¿el objetivo de dicha partida? Porque si es así debería explicarse que le hemos dado una partida de gasto o licencia para robar al ciudadano 1 de la nación, por el simple hecho de ser el Presidente y esa cantidad de millones que llega a ser en promedio no menos de $35 millones al año, es para que el que llegue se haga rico, cambie su vida, tenga y alimente sus vicios, sus amantes y haga con ello lo que desee porque para eso es el gasto discrecional de Casa Presidencial.

Hay demasiada facilidad para la movida y muchos amarrados a ella, ministros con sobresueldo, diputados que cambian su decisión de voto legislativo, magistrados  que definen justicia, familiares y amigos cercanos, candidatos y partidos, fiscales, inteligencia y seguridad pública, periodistas y medios, empleados de medio y bajo nivel, etc.. Como para pensar que la impunidad con la que se han movido los fondos no es parte del día a día, creada para mantener el sistema o para alimentar el sistema.


Cuando vemos que la reacción de los políticos es defender a sus corruptos y competir en la opinión pública por justificar los gastos personales con dinero del pueblo, no podemos más que imaginar que todos se sienten cómodos con lo que hay, siempre y cuando no sean detectados, pero cuando eso sucede, la solución es conseguir firmas, hablar de lo peor que son los otros partidos, incluso generar en los posibles nuevos liderazgos la esperanza de que al llegar al poder “ya no robarán los mismos” así el pueblo que paga sus impuestos estará tranquilo porque ahora robarán otros y no los de siempre.

Estamos en una crítica situación moral y de orden, que debe ser modificada desde la raíz, no podemos como nación alimentar el ego y la soberbia de los funcionarios permitiéndoles una vida que no les corresponde, un gasto infame y cruel, comparándolo con la posibilidad real de gasto que tiene el pueblo promedio, porque aparte de robo es un gasto extravagante en puro vicio y vanidad, ofensivo para la dignidad. Mi reflexión entonces es hacia ¿Qué harán con la partida de gastos reservados? Vamos a resignarnos con saber que en tres períodos presidenciales nos robaron casi $800 millones, a conformarnos con algunos funcionarios presos o vamos realmente a solucionar el problema, porque lo que tenemos me parece es una forma de corrupción legal, siempre y cuando seas lo suficientemente “vivo” como para sacar tus bolsas negras, saquitos o cheques sin que nadie te vea.




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