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Si de algo ha adolecido este país casi desde su propia fundación es de una sólida y robusta institucionalidad, esa que funcione como formalmente está declarada que debe de funcionar, esa que en la práctica realice lo que siempre debió haber hecho, esto es, que sin importar de quien se tratase en términos individuales personales, cumpliera a cabalidad con lo pertinente, desde la administración del Estado hasta la impartición de justicia por igual para todos.

Lo anterior sirvió históricamente a grupos de poder económico para controlar el Estado en su beneficio y además para instaurar una casi institucionalizada práctica de corrupción que sirvió para enriquecer personas y grupúsculos siempre cercanos al poder.

Con la firma de los acuerdos de paz y el montaje de la “partidocracia” esta práctica lejos de terminar tomó otras formas, otros matices, pero siempre siguió la costumbre de utilizar los resortes del poder para el enriquecimiento patrimonial de quienes temporalmente administraron la cosa pública. Aceptémoslo, era una casi “regla de gobernabilidad” –torcida por cierto- que quienes salían del ejecutivo o de otras instituciones del Estado, siempre salían “compuestos”, con patrimonios que por mucho jamás coincidían con los que habían entrado, y esta práctica llegó incluso a ser “aceptada” por la población, y a ser –desgraciadamente- vista como el estado normal de las cosas. Una torcida y tergiversada escala social de valores “avaló” y resignadamente “aceptó” el enriquecimiento de los funcionarios de turno, como una regla de conducta casi ineludible y como una especia de “mal necesario” con el que había que convivir.

La partidocracia con ese escandaloso e inaceptable patrón de conducta por el cual comenzó a cooptar –y lo sigue haciendo- la institucionalidad del Estado, permitió que tales prácticas corruptas y amañadas continuaran, aunque con el correr de los tiempos en formas más “discretas”, más “tecnificadas” y menos “descaradas”. Así fue común en los gobiernos de derecha que una de las formas más “encubiertas” de enriquecimiento indebido fue el de la concesión de contratos de obra pública, adjudicación de licitaciones, etc., a cambio de porcentajes de ganancia por tales “beneficios”, que en algún momento hasta llegó a ser conocido con el nombre de “diezmo” en la administración pública, llegando hasta el paroxismo durante la administración de aquél expresidente que quiso volver a ser presidente, y que hasta llegó a ser llamado por personeros de la Embajada de los Estados Unidos como una “máquina de hacer dinero” –cita literal del cable-.

Como sea, y muy a pesar de las reiteradas demandas de buena parte de la llamada “sociedad civil”, la partidocracia se negó rotundamente a realizar los cambios institucionales, a desmarcarse de la siempre nefasta práctica de controlar las instituciones públicas, y se negó a modificar el esquema de funcionamiento del Estado a fin de propiciar una verdadera “revolución” anticorrupción, a partir de permitir que las instituciones fuesen administradas por personas más allá de los clientelismos y “lealtades partidarias”.

Para el caso recordemos como la actual administración se negó rotundamente a permitir la llegada al país de una comisión anticorrupción auspiciada por Naciones Unidas, señalando que ello no era necesario, pues la “institucionalidad” del Estado era suficiente para poder combatir dicho flagelo. Tales afirmaciones rayan poco menos que en la hipocresía, pues personeros del partido en el gobierno recientemente apoyaron una afrenta directa contra el fiscal general recién electo -por una supuesta investigación contra el alcalde de la capital- y además continúan –junto a sus “aliados” políticos- intentando controlar instituciones como el Consejo Nacional de la Judicatura, con el único y malsano propósito de llevar “cuadros afines” a sus intereses, que garanticen por ejemplo nominaciones de candidatos a la Sala de lo Constitucional en 2018 de personas que puedan ser “manipulables” a sus intereses partidocráticos. Se han pasado por encima incluso el cumplimiento de los plazos constitucionales para dicha elección, pero han sido más importantes sus intereses políticos partidarios, que el cumplimiento a la Carta Magna, y ya no digamos en el interés del fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

Por lo anterior, hoy vemos investigaciones patrimoniales de exfuncionarios del más alto nivel, realizados por un órgano que nunca se esperaron que lo realizara, pues siempre se aseguraron de mantenerlo controlado como una especie de subsistema de los otros órganos del Estado. Hoy, el cambio de paradigmas viene de donde menos imaginaban, pues para la partidocracia la cuerda se rompió de donde menos se lo esperaban, porque una simple cosa ha sucedido: LA INSTITUCIONALIDAD JUDICIAL HA FUNCIONADO.

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