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Política

Corte Suprema ha ordenado auditorías patrimoniales a Sánchez Cerén y Ortiz

Redacción DEM

miércoles 7, diciembre 2016 - 12:01 am

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La Corte Suprema de Justicia ordenó las auditorías patrimoniales tras un pedido del Instituto de Acceso a la Información Pública. / DEM

La Corte Suprema de Justicia ha ordenado a la Sección de Probidad auditorías patrimoniales a 15 funcionarios y exfuncionarios -incluyendo el presidente Salvador Sánchez Cerén y el vicepresidente Óscar Ortiz- a solicitud del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), confirmó ayer el magistrado Rodolfo González.

“La Corte Suprema de Justicia concluyó que en estos casos hay una exigencia constitucional incumplida, derivada del art 240 de la Constitución, y por eso se ha instruido a la Sección de Probidad que haga las auditorías”, explicó González.

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Agregó que las auditorías se ordenaron “teniendo en cuenta que al no tenerlas para entregarlas a los ciudadanos que las solicitaron, se podía violar su derecho de acceso a la información”.

Otros funcionarios a los que se les ha iniciado investigación son los expresidentes Alfredo Cristiani (1989-1994) y Armando Calderón Sol (1994-1999), los exvicepresidentes Carlos Quintanilla Schmidt (1999-2004) y Ana Vilma de Escobar (2004-2009), el actual magistrado José Belarmino Jaime, el expresidente de la Corte Suprema, José Domingo Méndez.


El listado también incluye al exsecretario Jurídico, Luis Manuel Rodríguez, al magistrado Juan Carlos Solano Marciano, al actual alcalde capitalino, Nayib Bukele y los expresidentes del Instituto Nacional de los Deportes, Enrique Molins Rubio, Jaime Alberto Rodríguez, Jorge Ernesto Hernández Isussi y Jorge Alberto Pérez Quezada.

En total son 60 los funcionarios investigados por la Sección de Probidad, incluyendo los diez que ya han sido procesados, los 15 de esta lista, y aparte, varios funcionarios municipales que salieron de sus cargos en 2006.

“Estos casos se han derivado a que Probidad los investigue, porque está en juego el derecho de acceso a la información de los ciudadanos que pidieron las auditorías”, subrayó González.

El magistrado explicó que depurar los 50 casos pendientes podría tomarle a la Sección de Probidad y eventualmente al pleno de la Corte Suprema de Justicia, más de un año.

“Son los casos que por denuncia o por requerimiento del IAIP o por decisión de la Corte se están analizando”, señaló.

El comisionado del IAIP, Jaime Campos, confirmó que esas auditorías “se solicitaron con base a las resoluciones del IAIP que ordenó a la Corte Suprema hacer públicas no solo las declaraciones patrimoniales, sino los exámenes realizados a ellas; y en caso de no haberse practicado aún, existe el deber legal de la Corte de realizarlo”.

“Básicamente lo que se pide es el examen a las declaraciones de patrimonio presentadas por funcionarios actuales y exfuncionarios”, subrayó Campos, quien explicó que los casos se han presentado a lo largo del último año, desde que el IAIP ordenó que los exámenes son públicos.

 

Listado

Este es el listado de funcionarios y exfuncionarios bajo auditoría patrimonial.

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