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Editorial & Opinion

Crecimiento económico inclusivo: elementos para el debate

Ana Cevallos / Economista investigadora Icefi @Cevallob

jueves 12, abril 2018 - 12:00 am

El viernes pasado el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó el reporte macroeconómico regional Crecimiento Inclusivo, retos y oportunidades para Centroamérica y República Dominicana.

De sus conclusiones llama la atención el análisis económico en el que se fundamenta, ya que propone un círculo virtuoso del crecimiento, derivado en buena medida de una mejora de la cobertura y la calidad de la educación y la salud. Según este enfoque, una fuerza laboral saludable y educada puede resultar altamente atractiva para la inversión extranjera y, con ello, posibilitar la generación de mejores trabajos y mayores ingresos, haciendo el crecimiento económico más inclusivo.

De acuerdo con el BID, mayores niveles de productividad  permiten que una fuerza laboral con un perfil alto de capital humano se inserte en cadenas de valor más sofisticadas y atraer inversión extranjera en actividades de alto valor agregado. Esto a su vez, posibilita obtener mejores salarios y, en consecuencia, mejores niveles de vida.

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Al respecto debe decirse que, si bien la generación de un adecuado acervo de capital humano resulta necesaria para el crecimiento económico, no es suficiente para que sea inclusivo. Para ello, es necesario considerar ciertos elementos mesoeconómicos (normas, leyes, órdenes sociales, etc.) y microeconómicos vinculados con la estructura distributiva de los recursos y del poder.

El círculo virtuoso del crecimiento no incorpora de forma homogénea a todas las personas de una sociedad, sobre todo si se considera la desigualdad horizontal (por razones de género y etnia, entre otras) al igual que la desigualdad vertical (entre grupos de ingreso). Por ejemplo, si se incorpora al análisis la división sexual del trabajo, predomina una distribución inequitativa del trabajo que afecta la incorporación de las mujeres al ámbito remunerado. El hecho que socialmente muchas mujeres sean reconocidas como las responsables del cuidado o que puedan estar considerando tener hijos, da lugar (en mayor o menor medida según el país) a marcos legales que convierten a esas mujeres en «mano de obra de alto riesgo» al momento de la contratación (o ante posibilidades de ascenso, etc.), mientras que los hombres sean considerados mano de obra más disponible.


De esta forma se institucionalizan incentivos que refuerzan creencias sociales derivadas de la división sexual del trabajo, dando lugar a la denominada discriminación estadística en el mercado laboral, es decir, sesgos que condicionan la incorporación de mujeres y hombres al mercado laboral formal, así como su historial laboral, prestaciones sociales, valoración y recompensa. De este modo, la evidencia sugiere además que, indistintamente del nivel educativo, las mujeres al incorporarse al mercado laboral formal enfrentan desventaja relativa por razón de género, siendo contratadas en sectores de baja productividad (vinculados al sector informal) o bien, con mayor probabilidad de ser desvaloradas en el mercado remunerado, tal como lo demuestran las brechas salariales existentes por la realización de un mismo trabajo.

Por tanto, para propiciar un crecimiento verdaderamente inclusivo, la tarea desde las políticas públicas consiste en incorporar, además de las consideraciones macroeconómicas, las relaciones estructurales (capital/trabajo, tasa de ganancia/fondo salarial), y otras dimensiones de la desigualdad como las asimetrías de poder, de órdenes culturales e históricos, que inciden en la forma que operan las leyes, normas, hábitos y arreglos institucionales, así como los órdenes sociales, entre otros (Vásconez, 2011).

Y, por supuesto, dentro del conjunto de estas políticas económicas, desde la fiscal surge el reto de reconocer el carácter no neutral del gasto público y de los ingresos a dichas condicionantes. Todo esfuerzo redistributivo debe ampliar la mirada de tal forma que se permita diseñar recomendaciones de política más próximas a las distintas realidades de la población.

Con esta visión más amplia e integral, es que la propuesta del documento del BID podría, además de ser una condición necesaria para el crecimiento económico inclusivo, acercarse a ser también a condiciones suficientes.




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