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Editorial & Opinion

Criminalización de la presunción de inocencia

Jaime Ramírez Ortega / Consultor legal y de negocios

sábado 11, febrero 2017 - 12:00 am

La presunción de inocencia corresponde a toda persona que se le imputa un delito en el proceso penal, a ser tratado como si fuese inocente, hasta que una sentencia firme lo condene. De modo que el principio de presunción de inocencia debe estar presente en todas las fases y en todas las instancias del proceso,  a diferencia del sistema inquisitivo  en el cual bastaba que existiera una denuncia penal en contra de una persona y la referencia de dos testigos para declarar culpable al denunciado. En consecuencia, el derecho a la presunción de inocencia constituye uno de los pilares fundamentales de las democracias modernas.

Nuestra Constitución, expresamente en el artículo 12, establece que toda persona a quien se le impute un delito, se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público, en el que se le aseguren todas las garantías necesarias para su defensa.

La persona detenida debe ser informada de manera inmediata y comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar.

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Así mismo se garantiza al detenido la asistencia de defensor en las diligencias de los órganos auxiliares de la administración de justicia y en los procesos judiciales, en los términos que la ley establezca. Las declaraciones que se obtengan sin la voluntad de la persona carecen de valor; quien así las obtuviere y empleare incurrirá en responsabilidad penal.

Del mismo modo, la presunción de inocencia está reconocida en distintos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos: en el artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (1948) define: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad”; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), en el artículo 14.2 dispone que: “toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”


De tal suerte que la presunción de inocencia es un postulado directamente referido al tratamiento del imputado durante el proceso penal, conforme al cual habría de partirse de la idea de que el imputado es inocente y, por tanto, reducir hasta donde la ley penal vigente lo soporte las medidas restrictivas de derechos en el tratamiento del imputado durante el proceso, fundamentando en este sentido la excepcionalidad de la prisión preventiva.

El marco jurídico salvadoreño sitúa la presunción de inocencia dentro de los derechos fundamentales a la libertad, dado que es un derecho subjetivo público, la cual puede limitarse o perderse por la persecución penal que haga la Fiscalía General de la República o por el razonamiento jurídico que realiza un juez, partiendo de la relación circunstanciada de los hechos. En consecuencia, la coerción procesal, la beligerancia de la Fiscalía, la insensibilidad de la Policía Nacional Civil, y el morbo de algunos medios de comunicación, han desnaturalizado la presunción de inocencia.

De manera que en El Salvador no opera en ninguna de las etapas del proceso penal la presunción de inocencia, sino la presunción de culpabilidad, ya que desde el momento que la PNC detiene a una persona, ya sea en flagrancia o por orden de captura, no lo hace respetando las garantías constitucionales en las que le lea sus derechos o indicándole el motivo, razón y circunstancias del porqué se le está deteniendo. En la mayoría de casos, los únicos derechos que leen es la bota del policía en el cráneo del supuesto inculpado.

Estas violaciones a los derechos humanos las vemos a diario con los miles de jóvenes o ciudadanos que viven no solo el flagelo de la persecución pandilleril, sino el abuso de autoridad de algunos malos elementos de la PNC. Asimismo, la Fiscalía, con el afán de condenar, arma casos hasta de las piedras con pruebas laxas. Pero se olvida de lo más importante: “la justicia”, ya que, aun teniendo pruebas de descargo, nunca las presenta al juez para liberar al inculpado, sino muy al contrario, algunos malos fiscales las esconden para hacer más gravosa la instancia del detenido en los centros penitenciarios. Es hora que nos unamos y hagamos valer el imperio de la Constitución.




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