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Editorial & Opinion

Crisis de gobernabilidad y crisis de la democracia

Aldo F. Álvarez / Abogado y catedrático

Jueves 16, Febrero 2017 - 12:00 am

Es absolutamente clara la relación entre capacidades institucionales, el crecimiento económico, el desarrollo social y el desarrollo político. La capacidad instalada institucional condiciona la gobernabilidad de una sociedad, mediante la delimitación de mecanismos, procedimientos y actores involucrados en los procesos de toma de decisiones. Las instituciones que no son democráticas ni liberales se erosionaron, se volvieron disfuncionales e incapaces de mantener crecimiento económico, desarrollo social y estabilidad política.

La “capacidad”, es ampliamente definida como la competencia o suficiencia de la configuración de las instituciones de una sociedad que permiten la resolución efectiva de los problemas colectivos presentes y futuros a que se enfrenta una sociedad, de modo que ésta pueda experimentar un desarrollo social y económico sostenido en un contexto en que las libertades básicas, garantías constitucionales y los derechos humanos estén razonablemente asegurados.

El gran problema de nuestra configuración institucional es el modelo burocrático, pues fue el paradigma que fundamentó el diseño de las instituciones públicas, basado en una “racionalidad” para la eficiencia. Pero este “modelo” no se logró establecer cabalmente en las instituciones públicas -en similares dimensiones, aunque con sus marcadas diferencias, sucedió en la mayoría de países latinoamericanos-.

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Una de las razones de no haber existido una reforma administrativa exitosa del Estado es la falta de las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales que lo propiciaran -amén de la ruptura del eje socio-político que representó la guerra civil-. En su lugar, se desarrollaron algunas “distorsiones” de la burocracia fuertemente influenciadas por ciertas prácticas corruptas, tales como: el presidencialismo, el nepotismo, el patrimonialismo, etc.

La burocracia patrimonialista con todos sus vicios plantea la necesidad de modernizar la administración pública mediante mecanismos burocráticos como el servicio civil de carrera y la implementación de sistemas de evaluación del desempeño.


Los costos de transacción miden la calidad y funcionamiento de las instituciones, y por tanto de la economía. Cuando los costos de transacción son elevados, debido a deficiencias en el sistema jurídico, entonces las decisiones que tomen los agentes económicos en un mercado son ineficientes e ineficaces. Por lo tanto, las decisiones de los agentes económicos que realizan diferentes transacciones, están sujetas a un sistema de normas jurídicas y de confianza. Los problemas del diseño y desarrollo de las organizaciones para lograr un equilibrio óptimo, se resuelven con la determinación del principio del oportunista o del “arribista” que busca la satisfacción de sus intereses puramente personales, o con la determinación y coordinación de las funciones y responsabilidades y la innovación y creatividad.

Los gobernantes pretenden formular y poner en práctica políticas públicas que mantengan la estabilidad económica y posibiliten las interacciones entre los diferentes agentes económicos. Las líneas para enmarcar la política pública de Estado se orientan por el establecimiento de reglas claras, el cambio estructural, instituciones democráticas, el Estado de Derecho y un proceso legislativo moderno y, sobre todo, transparente, idóneo y procedente.

La crisis de gobernabilidad en nuestro país tiene su causa, entre otras razones, en la incapacidad de sus instituciones y gobernantes para dar respuesta a una sobrecarga de demandas excesivas que plantea la ciudadanía, debido a una paulatina acumulación del deterioro de la calidad y nivel de vida de la mayoría de los ciudadanos.

Pero hay que decir que la crisis de gobernabilidad es también el reflejo de la crisis del sistema político salvadoreño, la cual que se traduce en la crisis del sistema político partidario, que por supuesto termina siendo una crisis de la democracia misma. Esto, claro, porque la crisis de gobernabilidad se ha vuelto tan profunda y marcada que ella se ha trasladado al campo del modelo político mismo, y por eso las condiciones están y estuvieron dadas, tanto para la aparición de un fenómeno como la Sala de lo constitucional, o algo realmente monstruoso y preocupante, como el de un caudillismo autocrático que pulverice nuestros avances democráticos y todavía lo aplaudamos.

La falta de credibilidad en los gobernantes y la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones, inhabilitan al régimen político y debilitan su gobernabilidad. De tal manera que las promesas de “cambio” para dar cumplimiento a expectativas mediante la aplicación de un sistema político agotado y colapsado, que ya no proporciona la satisfacción de los requerimientos ciudadanos, constituyen la principal razón para pensar en un nuevo orden político, que construya un nuevo orden institucional, basados en nuevos paradigmas político-administrativos institucionales, lo cual sin duda, sólo se podrá realizar en la conformación de una nueva institucionalidad, de una nueva República, de un nuevo país.




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