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OPINIONEn El Salvador no tenemos una crisis de las finanzas públicas, tenemos una crisis política. Fue el enunciado de inicio de mi anterior columna, y los acontecimientos de la última semana hacen necesario que la vuelva a retomar para la presente columna de conclusión.

Con la sentencia final sobre la inconstitucionalidad en la aprobación de USD900 millones, se reabre la posibilidad de solicitar financiamiento extraordinario a la Asamblea Legislativa, mecanismo el cual se mantuvo entrampado por quince meses. Sin embargo, bajo el contexto de crisis política, una emisión de bonos puede poner en riesgo el actual ímpetu de discusión y búsqueda de acuerdos para convertir a las finanzas públicas en una herramienta que promueva el crecimiento económico sostenible, la construcción de la equidad y la efectividad del Estado.

Si bien una aprobación de bonos sacaría a flote las finanzas públicas, el respiro duraría menos de un año. Por tanto, se necesita hoy más que nunca dialogar medidas integrales sobre el manejo de la política fiscal. Pero ahí, es donde una vez más la crisis política limita las posibilidades y propone medidas cortoplacistas, carentes de visión de Estado.

Por un lado, la oposición considera que el diálogo debe de ir orientado a la búsqueda de reglas fiscales que pongan candados al “despilfarro” en el gasto.  Lo cual será un poco difícil y carece de sentido, dado que dichos candados ya existen y se encuentran expresados en una rigidez presupuestaria que ronda el 80 % y una deuda previsional que presiona año con año. Ponemos una regla más y dejamos al presupuesto sin margen de maniobra para implementar nuevas políticas sociales y de inversión, para atender las problemáticas actuales de los salvadoreños. La implementación de los planes El Salvador Educado y El Salvador Seguro, los cuales ya de por sí padecen de dificultades para ser financiados, verían truncada toda posibilidad.

En contraposición, el partido oficial considera que la lucha debe de hacerse en combatir la evasión y así generar los recursos necesarios para financiar sus planes. Lo cual es un poco abstracto, y a pesar de ser necesario, suena más como una medida para dar algo a cambio de la aprobación de los urgidos préstamos que lograrían mantener la política fiscal de subsistencia hasta las próximas elecciones parlamentarias. Postergando una vez más la discusión.

Reconozco que los salvadoreños estamos acostumbrados a resolver el día a día sin preocuparnos por el futuro, y que por tanto, dejamos al final que los políticos resuelvan a su antojo. Pero ya no podemos darnos el lujo de mantener dicha idiosincrasia y como sociedad debemos exigir la búsqueda de un pacto fiscal. El cual no puede limitarse únicamente a implementar medidas para hacer cuadrar las cifras o para mantener a flote a partidos políticos. La discusión debe abarcar ingresos, gastos, inversión, deuda, transparencia, equidad y justicia fiscal, institucionalidad democrática, entre otros; es decir, un pacto fiscal debe tener un enfoque integral y fundamentarse en una visión de largo plazo, donde se busque el equilibrio en las cifras fiscales al tiempo en que se mejoran las condiciones de vida de la población salvadoreña.

El pacto fiscal se entiende como un acuerdo sociopolítico que reconoce las obligaciones y derechos recíprocos entre el Estado y la ciudadanía, que va más allá de los objetivos tradicionales de la política fiscal, por lo que su concreción debe ser el resultado de un consenso amplio, abierto y transparente entre la mayor cantidad posible de actores que representen sectores políticos, sociales y económicos. Por tanto, no podemos quedarnos ajenos a la discusión y por el contrario debemos de exigir que podamos ser parte de la misma y romper así con la actual polarización política, causante de la crisis en la que nos encontramos inmersos.

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