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Editorial & Opinion

Crisis fiscal y administración pública

Ricardo Castaneda Ancheta / Economista investigador ICEFI @Recasta

jueves 29, junio 2017 - 12:00 am

“Lo público es ineficiente, corrupto, de mala calidad, no sirve para nada, todo se lo roban” palabras que solemos escuchar, o incluso repetir, constantemente. Estas palabras son la cruz con la que la Administración Pública debe cargar, resultado de malas actuaciones de unos cuantos funcionarios o empleados públicos, pero sobre todo de los embates que ha tenido que enfrentar el Estado. También se debe reconocer que muchos de los ataques que intentaron debilitar el Estado provenían de argumentos políticos disfrazados de técnicos, cuyo objetivo real era que el poder beneficiar a una minoría, que además fuera la que decidiera qué hacer, o no, en un país.

Y ya la historia nos ha mostrado en El Salvador que cuando se tiene una Administración Pública débil, ésta es presa perfecta para ser capturada por grupos criminales, gremiales, o simplemente de un manojo de corruptos que la alejan de dar las respuestas a los problemas que aquejan a las grandes mayorías.

En medio de la actual crisis fiscal vuelven a sonar los tambores que buscan reducir a la Administración Pública. El error hasta ahora del Ejecutivo ha sido que no ha podido, o querido, eliminar los gastos innecesarios como los seguros privados, o reducir los salarios de funcionarios que ganan más que el presidente; pues ello le da los argumentos a aquellos que utilizan esto como excusa para reducir todo el gasto público. Logrando que los ataques contra el despilfarro se conviertan en ataques contra toda la Administración Pública.

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Pero el punto es que, si en 2017 tenemos el mismo gasto social, como porcentaje del PIB, que en 2002 ¿esperamos resultados distintos? Es como si a un corredor de fórmula 1 le dieran un carro modelo 2002, pero se le exigiera que gane el primer lugar en 2017. Al final, quienes tienen que cargar con las consecuencias de toda esta situación son hombres y mujeres que deben disfrazarse de héroes o heroínas: docentes, médicos, policías… quienes tienen que caminar en sitios muy peligrosos y enfrentarse con que en la escuela no hay condiciones suficientes para impartir clases, que en el hospital no hay medicinas o el equipo para hacer una radiografía se ha dañado, o que no hay dinero para comprar gasolina para la patrulla mientras arriesgan sus vidas. Por cierto, todo esto es lo que se denomina gasto corriente, ese que para algunos es tan malo.

Al final el costo de la crisis lo tienen que sobrellevar quienes trabajan en lo público, quienes además tienen que tolerar el estigma de que el Gobierno no crea trabajo productivo, como si el trabajo de una doctora o un docente no sirviera para nada. Guillermo O’donell plantea que un Estado democrático es aquel que tiene el poder para alcanzar sus cometidos, el cual se puede analizar a partir del poder infraestructural con el que cuenta, es decir, la capacidad instalada para fortalecer la democracia y cumplir con sus obligaciones constitucionales. Tomando en cuenta esta definición, ¿el Estado salvadoreño es democrático?


En ocasiones tengo la percepción de que quienes están tan obstinados con que el único problema en materia fiscal es el gasto, lo que buscan realmente es que éste se recorte para luego decir que el Estado no sirve de nada y con esto privatizar bienes y servicios públicos como la educación y la salud o utilizar formas más “modernas” como los asocios públicos-privados en estas áreas tan estratégicas.

Porque el Estado no puede estar diseñado únicamente para enmendarle la tarea a mercados a todas luces imperfectos; sino para que de forma intencionada asegure a toda la población el cumplimiento de sus derechos, ofrezca bienes y servicios públicos universales y sobre todo garantice a su ciudadanía las posibilidades de que cada uno esboce su propio desarrollo. Un homenaje entonces a esos hombres y mujeres del sector público que cada día dan lo mejor de sí para que personas como yo hayamos tenido la oportunidad de tener un mejor futuro.




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