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Editorial & Opinion

¿Cuál es el futuro del gobierno?

Roberto Cañas López/Académico, firmante de los Acuerdos de Paz

Miércoles 1, Junio 2016 - 12:00 am

La suerte de la administración Sánchez Cerén dependerá de la capacidad que tenga de lograr consensos básicos sobre el rumbo de la economía y la seguridad pública. No existen soluciones fáciles. La polarización y lo electoral conspirarán en su contra.

El gran reto pendiente del partido oficial en lo económico es el tema del crecimiento. El desafío que tiene es cumplir con lo que dice el Plan Quinquenal: “Estimular el empleo productivo a través de un modelo de crecimiento económico sostenido”.

Sin inversión, El Salvador no podrá lograr las tasas de crecimiento que tiene que alcanzar, y condicionado a eso está el tema fiscal. Estos son los grandes retos, porque si no hay crecimiento y si no hay reforma fiscal no se van a generar los recursos para hacerle frente a los enormes desafíos que el país tiene.

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Desde una posición propositiva todos los caminos llevan a la necesidad de concretar en los próximos tres años un Pacto Fiscal. El Salvador ya no puede  acudir permanentemente a la emisión de deuda, sean Letes o deuda externa, para financiarse; es sumamente peligroso solo pensar en el corto plazo. Llegó el tiempo de la responsabilidad fiscal

La búsqueda de un pacto fiscal implica, hay que tenerlo claro, aumentar los ingresos y reducir los gastos, no hay de otra. Es inaplazable un proceso de análisis, discusión y concertación sobre la reforma fiscal que el país necesita. Los políticos en particular y la sociedad en su conjunto deben entrar a un aprendizaje del tema fiscal que facilite entendimientos. No se puede de otra manera, tanto del lado de los ingresos del gobierno como del gasto deben de darse cambios.

No hay que engañarse, en política no valen las buenas intenciones, mientras no cambie la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa todo será cuesta arriba para el Órgano Ejecutivo, simplemente no tiene los votos para hacer lo que quiere. El único camino es la negociación de compromisos y acuerdos. Pues las medidas de política pública en el tema fiscal al final tendrán que ser aprobadas por los diputados.

En el tema seguridad en los próximos tres años uno de los mayores desafíos que tiene el gobierno es atender a los olvidados y desarrollar más su sentido de humanidad: El gobierno central tiene que cuidar a las víctimas de la violencia y la delincuencia. En estos dos años la delincuencia ha causado mucho dolor y tristeza a miles de salvadoreños y estas personas no han tenido apoyo.

No hay tiempo que perder, el gobierno debe aprobar la Carta de Derechos de las víctimas y Testigos de la delincuencia. Este es el “marco de referencia que se necesita para garantizar que las personas que resultan afectadas por la delincuencia y la violencia reciban un trato humano, digno y solidario, con calidez y calidad, así como empatía por parte de las funcionarias y funcionarios, empleadas y empleados públicos encargados de dar estos servicios”.

En abril de este año el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos presentó una propuesta de “Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de la Violencia”, con el propósito de que sea retomada como un instrumento de trabajo para todas las instituciones y organizaciones que desarrollan acciones de atención y protección a personas que han sufrido hechos de violencia. La aprobación de esta Carta no se debe postergar más.

En tiempo calendario son tres años los que le faltan al gobierno, en tiempo político es mucho menos. La quinta esencia de un sistema político basado en la democracia representativa es el cumplimiento de las promesas electorales, al gobierno no se le debe olvidar.

En estos dos años muchos ciudadanos se han acostumbrado a ver y escuchar en los medios de comunicación lo que el gobierno hace. En los tres años que le hacen falta al régimen es imprescindible insistir en la idea de la participación de la población y del control ciudadano de la gestión pública como derecho y deber.

El gobierno debe cumplir con sus promesas electorales y el plan quinquenal que elaboró y la población debe tener una voz activa y un espacio desde el cual exigir y participar para demandar que el Presidente cumpla.

 

 




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