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Hace cuatro meses, en mi artículo del 13 de octubre, me referí muy animado a la necesaria y urgente reforma al sistema de pensiones. Desde entonces ha habido mucho ruido y muy poco debate serio. Del principal partido de oposición, de algunos líderes de una gremial empresarial y de miembros de su tanque de pensamiento, el gobierno ha recibido un estruendoso ataque con un enfoque superficial y poco constructivo con el simple enunciado de la problemática; extraño en tanto los mencionados conocen su origen y gravedad. Su discurso ha llegado hasta una campaña mediática inmoral, sin paternidad responsable, arremetiendo como en los más oscuros tiempos de la desinformación y aprovechándose de la amplia libertad de expresión que hemos conquistado en el país.

El problema, que no era tal hace 20 años, tenía entonces distintas alternativas de solución. Para algunos todo comenzó con “El Gran Negocio” de la privatización del sistema de pensiones, amarga reforma gestada en 1996 y ejecutada en 1998. En ese año había reservas técnicas en el sistema y las pensiones no tenían el grave endeudamiento que hoy representa para el  Estado, crisis al que sí las llevó esta lamentable reforma.

Varios de los padres de la privatización reconocen que esto no resolvió la expectativa de su ofrecimiento de ensueños: 1) Ofertaron una pensión digna y hoy más del 80 % de los cotizantes no cuentan con una pensión que se acerque a las necesidades más básicas de sobrevivencia. 2) Prometieron mayor cobertura y actualmente apenas el      24 % de la población económicamente activa está dentro del sistema, cotizando incluso sin tener claros los beneficios futuros. 3) Ofrecieron mayores rendimientos por la colocación de los fondos en inversiones rentables; sin embargo, su misma dolarización desplomó esa rentabilidad del 13 % al 6 %, que con la caída de las tasas internacionales llegó al 3 %, anclada por cierto a una norma legal que ellos mismos establecieron y que hoy amerita reformarse. 4) Vociferaron la sostenibilidad financiera del sistema y lo que tenemos actualmente es un sistema de pensiones sumamente endeudado, en el que los únicos que han obtenido beneficios han sido las AFP y sus aseguradoras, que juntas en el período se han llevado una módica tajada de “comisión” y “seguros” ascendente a más de $1,400 millones, es decir, $87.5 millones anuales en promedio -pensándolo bien hay millonarias razones para la campaña mediática desplegada, creo que no hay negocio lícito y bien habido que deje tales ganancias, hasta los bancos están por debajo de esta rentabilidad-.

Además, el sistema quebró en diferentes oportunidades en esos mismos gobiernos y las “soluciones” agravaron más el problema, generando más deuda, sin resolver la integración de los sistemas del ISSS y del INPEP y como si ya no fuera bastante, también profundizó la desigualdad entre hombres y mujeres en el país, con montos de pensión diferentes en una misma condición de retiro. Estamos por lo tanto ante la crítica cínica e irresponsable de quienes diseñaron, aprobaron y ejecutaron la reforma que nos llevó a la privatización de las pensiones, la cual no cumplió con sus propias expectativas, no funcionó, fracasó y para colmo no contribuyen activamente en la solución del embrollo que nos dejaron a todos los salvadoreños.

En estos momentos el país tiene a más de 250,000 personas mayores de 70 años que no cuentan con pensión alguna, esto empobrece a las familias, al país y constituye un enorme reto social. Adicionalmente, hay más de 33,000 personas que reciben mensualmente una pensión mínima de $50, que obviamente no cubre necesidades mínimas. Para cerrar el cuadro, del universo de cotizantes regulares incluidos en el sistema, muchos desconocen que la mayoría no cumplirán los requisitos para ser pensionados y apenas recibirán una devolución de tan solo una parte de lo ahorrado, después de que cobren sus comisiones las AFP y sus aseguradoras asociadas –relación demostrada por la Superintendencia de Competencia y sancionadas por ello- lo que apenas ajustaría para sobrevivir un corto tiempo.

Es evidente que esta realidad nos obliga como sociedad a asumir seriamente una reforma o la refundación del sistema previsional, sin pensar desde los zapatos de las AFP sino desde la gente, los desprotegidos. La reforma propuesta por el gobierno estará orientada a: asegurar el cumplimiento absoluto de los beneficios para quienes ya están pensionados; no incrementar el monto de cotizaciones de quienes aún laboran; no extender la edad para retirarse y jubilarse; no aumentar el tiempo de trabajo; garantizar una pensión vitalicia con seguro social permanente para quienes devengan un salario mínimo. Asimismo, la administración del sistema estará a cargo de las mismas AFP que bajo vigilancia y supervisión de la Superintendencia del Sistema Financiero, cuenten con una menor comisión; es decir, ganen lo justo por administrar nuestros fondos. Actualmente la rentabilidad de las AFP supera en más del 40 % a la de los cotizantes.

No alcanzar una reforma complica las finanzas públicas aumentando el déficit del Estado a causa de la deuda previsional, lo que eventualmente nos puede llevar a la condición de no pago de los compromisos de nuestra deuda internacional y esto a la vez poner en severo riesgo la dolarización. Los banqueros conocen mejor esta afirmación, sus consecuencias y alcances. Es tiempo de concertar soluciones de manera responsable y deponer la guerra sucia.

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