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OPINIONLos ciudadanos estamos llamados a respetar la ley y elegimos funcionarios para que éstos cumplan y hagan cumplir la ley. Las leyes se basan en principios lógicos, básicos de la convivencia y de la razón humana; para normar esto se tiene una ley primaria que es la Constitución y luego leyes secundarias que, basadas en la primera, van dando viabilidad a la relación de las personas en la sociedad.

Pero hay momentos en que los malos funcionarios públicos se apoderan del cargo y se convierten en dictadores, eso sucede cuando los ciudadanos pierden capacidad de reacción ya sea por la compra de voluntades, el populismo, la represión o una combinación de todas; esos personajes definen por su cuenta que “quedarse a gobernar es lo mejor para el país” y comienza la modificación y el irrespeto a las leyes para cumplir su propósito. Ahí está Nicaragua, ejemplo crudo de esta visión, de ese irrespeto y construcción de una “democracia” que ahora como elemento perturbador es una dinastía disfrazada.

Las leyes lógicas y simples dicen que un pariente por consanguinidad o afinidad de un presidente o funcionario de primer nivel, no puede ejercer cargos en las instancias en las que el familiar tenga control y la Constitución nicaragüense también contempla estos principios; pero Don Daniel, no solo se reelige por tercera vez, sino que ahora es su esposa la que llevará el cargo de vicepresidente por “elección popular”, violando la lógica, el corazón de la democracia y de la representatividad, violando una norma sencilla pero de absoluta observación si lo que se quiere son representantes supeditados al pueblo y respetuosos de la transparencia.

Daniel Ortega viola la ley elemental y parece que a nadie le importa y puede que los nicaragüenses en una parte consideren eso como posible, cuando ha sido la primera dama la que, con un cargo de menor trascendencia, ha dirigido y gobernado absolutamente en los últimos años; ahora, entregarle el cargo de vicepresidente, es cómo lo menos relevante en esa relación política a la que se acostumbraron, pero en realidad, lo sepan o no los nicaragüenses, Nicaragua está pasando a constituirse en una dinastía, donde la familia Ortega se instituye como sangre privilegiada, una dinastía electa por “votación popular”; así de absurdo es el juego, una locura avalada por otros que se dicen democráticos, como el expresidente Funes, que corresponde a la protección y asilo que le dan, convirtiéndose en observador electoral violando la ley y  que claro, no observa nada malo en lo que sucede.

Este ya no es un tema ideológico de izquierdas y derechas, sobrepasa las expectativas y se convierte en un sistema de poderes absolutos que bajo el derecho de “autodeterminación de los pueblos” está acabando con la democracia de esos pueblos; probablemente el deterioro lleve un tiempo en ser evidente, pero luego, como en Venezuela, será inevitable salir de ahí; es lo más difícil, por eso El Salvador debe poner sus barbas en remojo y preguntarse profundamente si esos sistemas de vida ¿son los que realmente queremos? Ya tenemos evidencia de proyectos populistas y de cómo eso tiene postrado al país, cómo eso genera beneficios a las partidocracias pero no a los ciudadanos, los cuales siguen necesitando trabajo, salud, educación y bienestar.

Lo que sucede en Nicaragua no puede pasar desapercibido por los salvadoreños, debemos evaluar muy bien el futuro, evaluar muy bien las promesas electorales y los discursos que promueven el caudillismo, que al final terminará en una bota más dura que la pobreza y la marginación puesto que eso se soluciona con más trabajo y más oportunidades, pero cuando te llegó el tirano y se instala hasta con su familia, es casi imposible quitárselos de encima, por lo menos no pacíficamente, porque ahí la ley ya no vale nada.

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