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Editorial & Opinion

Cuidado con los candidatos que escojan

Jaime Ulises Marinero / Periodista

Martes 27, Junio 2017 - 12:00 am

La captura del alcalde de Usulután, Miguel Ángel Jaime, por sus posibles nexos con los grupos terroristas viene a confirmar lo que ya muchos sabemos. Muchos políticos y funcionarios públicos han tenido o tienen relaciones con las pandillas.

Supuestamente Jaime negoció con pandilleros para que lo apoyaran como candidato a alcalde de Usulután a cambio de lo cual les prometió favores que, según la acusación de la Fiscalía General de la República, se materializó en la entrega de hasta 39 mil dólares a razón de dos mil dólares mensuales, dinero proveniente de los cobros que la comuna hacía a los usuarios del mercado municipal. Junto al alcalde fue arrestado el administrador del mercado, José Ricardo Cortez Campos, quien se supone era el intermediario de las “buenas relaciones” entre el alcalde y las estructuras pandilleriles.

Jaime no es el primer alcalde en ser arrestado por sus vínculos con pandilleros. También lo ha sido el exalcalde de Apopa, José Elías Hernández Hernández y algunos de sus empleados, quienes incluso están acusados de homicidios. Precisamente la vista pública contra este alcalde está próxima a realizarse.

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Ya antes se ha capturado al exalcalde y concejal de Puerto El Triunfo (Usulután), José Rodrigo Tenorio, quien se supone financiaba a pandilleros y les prestaba vehículos para que éstos se movilizaran a efecto de que cumplieran sus objetivos delincuenciales.

Otros alcaldes han sido investigados y algunos abiertamente han aceptado que de alguna manera han tenido vínculos o relaciones con los grupos de pandillas. Por ejemplo en Ilopango, gracias a la intermediación del alcalde Salvador Ruano y con la venia del gobierno de Mauricio Funes, muchos pandilleros fueron beneficiados con el Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI) durante la “tregua” entre pandillas que a todas luces permitió la reorganización de las estructuras pandilleriles. La misma Fiscalía ha anunciado que hay otros alcaldes investigados por sus relaciones con los terroristas, lo que lleva a suponer que habrá más detenciones.

En este y los periodos anteriores, son muchos los alcaldes, concejales y empleados edilicios que han sido detenidos por sus vínculos con los grupos pandilleriles. Asimismo son muchos los que han sido arrestados por su vinculación con hechos de corrupción en general.

Hay políticos que en su afán de obtener poder son capaces de todo. Así tenemos a diputados y hasta ministros que han tenido acercamientos con pandilleros para negociar cuotas de apoyo a cambio de favores. Tan grande ha sido esa ambición que no les ha importado que sus interlocutores les grabaran las conversaciones. Seguramente porque ni cuenta se dieron.

Entonces el reto es grande para los partidos políticos en el sentido de que deben saber escoger a sus candidatos a alcaldes, diputados y concejales. Los niveles de depuración deben ser exhaustivos. Debería de haber una ley que determine que cuando un alcalde o concejal sea detenido y condenado por un delito de corrupción o relacionado con la actividad de los pandilleros, automáticamente el partido político por el cual fue elegido, quede suspendido de participar en las siguientes elecciones municipales o departamentales. De esta manera los partidos se preocuparían por hacer buenas selecciones de aspirantes.

En la mayoría de casos los partidos eligen como sus candidatos a personas que están dispuestas a financiarse su propia campaña y aportar fondos al partido, sin importarles la probidad e idoneidad del candidato. Así tenemos alcaldes vinculados a actividades ilícitas, como narcotráfico, tráfico de personas y otros.

Elegir candidatos a diputados, alcaldes y concejales es una atribución exclusiva de los partidos y por ende sería justo sancionar a los partidos cuando sus funcionarios cometen una ilegalidad. La corrupción y las relaciones delictivas con los pandilleros, son ilícitos graves que la sociedad y el Estado no deben permitir.

Hasta ahora el alcalde de Usulután y los otros procesados son inocentes y así deben de tratarse, hasta que no sean vencidos en juicio. Sin embargo cuando las evidencias son obvias la vox populi se atreve a condenar y está claro que en el país hay muchos más alcaldes que han vendido su “alma al diablo” al negociar con las pandillas. Ningún delincuente debe ser funcionario.



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