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Editorial & Opinion

Daniel Ortega y sus aliados en El Salvador

Dr. Mauricio Eduardo Colorado / Abogado

lunes 23, julio 2018 - 12:00 am

Nicaragua actualmente es un hervidero de fuerzas políticas, donde se confrontan las ideologías que pretenden someter a las sociedades universales al socialismo recalcitrante, contra la democracia exuberante. Desde antes de 1917, cuando el marxismo se impuso en Rusia derrocando a los Zares, asesinando a la familia real, e imponiendo un gobierno implementado por la violencia, el engaño y la fuerza, la historia ha dibujado en todas las sociedades del mundo un esquema  similar, ya que con la figura de sustituir un gobierno autocrático, autoritario y abusivo se produce una rebelión armada y violenta, que sustituye al gobierno legítimo, y tomado el poder el gobierno entrante procura por todos los medios –legales e ilegales- de conservarlo a toda costa, hasta que, años mas tarde, es arrojado de él en forma forzada o violenta, de la misma forma como entró a gobernar.

La toma del poder en Cuba, tras la huida de Batista, ha sido la más duradera muestra de la implantación de un sistema que anuló la libertad de un pueblo pujante. Correa en Ecuador fue desplazado por su propio candidato y su propio partido, que ahora lo tiene al borde de la cárcel. La misma Unión Soviética tuvo que abandonar el comunismo después de que Gorbachov manipuló para cambiar el estatus socialista desde la cúpula gobernante. En Venezuela, Maduro se sostiene con el apoyo de un ejército “comprado” con aumento de salario que le garantiza su estadía en el gobierno. Brasil tiene en prisión a Lula da Silva.

En Nicaragua  observamos a un Ortega recurriendo a la fuerza bruta, agrediendo a su pueblo, incluyendo a la iglesia católica y sus dignatarios, con la complicidad de las iglesias vecinas  que guardan un ominoso e inexplicable silencio. Pero lo que hemos observado últimamente ha sido lo que suponíamos, pero no esperábamos se hiciera público: un apoyo abierto de nuestro gobierno a la represión orteguista a los estudiantes nicaragüenses y pueblo en general, que dignamente rechazan el continuismo de la pareja Ortega-Murillo, presentes en el gobierno en abierta violación a la Constitución que prohíbe la reelección presidencial. Y es que los ciudadanos nicaragüenses han tomado conciencia de que sustituir una dictadura (la somocista) por otra (la actual orteguista) no es ninguna solución para el pueblo y a los únicos que beneficia son a los actuales gobernantes.

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Dentro de todo este contexto  descuella la intervención de nuestro país en el llamado Foro de Sao Paulo en donde sorpresivamente nuestro gobierno, contra todo pronóstico, aprovechó el evento, para apoyar lo que todo el mundo condena: la represión del gobierno a los nicaragüenses. Acto seguido, como corifeo obligatorio, el partido de gobierno lo secundó con el argumento de que el gobierno nicaragüense fue electo libremente en las urnas, como si tal cosa le concediera el derecho de masacrar a los electores.

Sin embargo, hay que resaltar una cosa curiosa.  Este gobierno y ese partido no se atrevió a votar en la OEA ni a favor ni en contra del orteguismo y prefirió abstenerse. ¿Arrepentimiento, cobardía, miedo, rectificación? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que lo que sucede en Nicaragua merece nuestro más profundo repudio y el de muchos grupos sociales, pero hasta el momento no hemos visto las reacciones de quienes se consideran adalides de los derechos humanos.


El silencio de altos dirigentes católicos salvadoreños frente a graves y sacrílegas ofensas al Santísimo nos confunden debido a que se percibe una reacción conformista con la posición de nuestros gobernantes. Es preocupante observar aquí el espejo de la historia que refleja la resistencia a entregar el poder cuando el pueblo pacíficamente lo reclama. Las manifestaciones de violencia y exabruptos para imponer el temor se empiezan a mostrar con paros, cierres de calles, boicots de votaciones legislativas y actividades reñidas con la legalidad, a manera de implementar el temor institucional en las actividades normales de la población. Los políticos deben permanecer alertas sobre estas señales de advertencia.




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