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OPINION

El fiscal general Douglas Meléndez Ruiz, sin contar con ninguna base más que el atrevimiento y las suposiciones subjetivas, dijo la semana pasada que las clicas no solo existen en las pandillas sino también en el Órgano Judicial. Tremenda y peligrosa comparación que pareciera no medir consecuencias.

La frase acuñada por el fiscal general es prepotente y hasta abusiva si no se cuenta con pruebas, porque se lleva de encuentro a cerca de 10 mil empleados del Órgano Judicial. Perfectamente cualquier empleado, puede en un momento determinado exigir al fiscal que revele nombres y presente los casos con las pruebas suficientes ante la justicia salvadoreña, de lo contrario podría caer en calumnia y difamación o en cualquier otro delito.

Meléndez, molesto con la resolución de una jueza y defendiendo a ultranza la actuación de sus fiscales auxiliares, ha lanzado una peligrosa acusación, olvidando que la justicia tiene sus propios controles y que los recursos de apelación son el proceso de ley que le permite a cualquiera manifestar su insatisfacción por una resolución.

Ya lo hemos dicho antes: Hacer justicia pasa por condenar o absolver con base a las leyes y las pruebas de cargo y descargo. La justicia no necesariamente es condenar, pues por principio constitucional todos somos inocentes hasta que somos vencidos en juicio y para que nos venzan en juicio deben demostrar con pruebas fehacientes nuestra culpabilidad.

No se trata de hacer una defensa a favor del Órgano Judicial o de alguna persona en particular, sino más bien de pedir responsabilidad en las declaraciones públicas de un funcionario cuya responsabilidad es buscar que se haga justicia y defender los derechos del Estado y la Sociedad.

Recordemos que el Fiscal General tiene por función promover de oficio o a petición de parte la acción de la justicia en defensa de la legalidad; así como dirigir la investigación del delito y los hechos criminales, lo cual debe hacer con mucho profesionalismo y responsabilidad. Una mala investigación puede dejar a un culpable en libertad o a un inocente en la cárcel. O por lo menos puede dejar dañado el honor de una persona o una institución.

El fiscal general, quien aparentemente está haciendo un buen trabajo al frente de una de las instituciones más importantes del país, debe ser más comedido en sus declaraciones y valorar que cualquier frase que diga, por muy sinsentido que ésta sea, generará efectos de asimilación por contagio en los salvadoreños, lo que se puede volver contraproducente si al final solo se queda en una frase emotiva y sin contenido.

Frases como “respetá al fiscal”, “les guste o no les guste” y otras, pronunciadas por otros  altos funcionarios, se convirtieron en verborrea y en históricas, porque el efecto se ha revertido en contra de quienes las acuñaron. Un funcionario de alta responsabilidad debe saber que no puede ir soltando acusaciones al aire, mucho menos destilando frases vacías que expuestas públicamente adquieren un matiz de efervescencia mediática. Ahora el fiscal general queda obligado a presentar una acusación seria, legal y formal contra esas supuestas clicas, con los detalles precisos de su funcionamiento y organización, de lo contrario corre el riesgo de quedar como un funcionario mendaz y, por la investidura de su cargo, su personalidad debe ir ligado a la honestidad y honorabilidad. Los honorables no mienten.

No creo, realmente, que el fiscal general haya expresado su famosa frase tras un profundo análisis o con mala intención de causar daño a la seguridad de los miles de empleados del Órgano Judicial, más bien  creo que lo hizo porque se dejó llevar por la emoción y no por la razón y porque probablemente le haga falta asesoría. Lo grave de esto es que quienes ocupan altos cargos en instituciones tan relevantes como la Fiscalía, requieren de una alta dosis de razonamiento.

Hasta ahora el fiscal Meléndez luce como un funcionario dispuesto a cumplir su papel y como él mismo dice: sin importar quien sea la persona o la institución que haya infringido la ley. Sin embargo, debe ser más precavido a la hora de lanzar frases acusatorias que luego no pueda comprobar. Al Órgano Judicial  y a la sociedad en general le debe una disculpa o pruebas que demuestren que no se deja llevar por la emoción.

 

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