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Editorial & Opinion

De menores infractores feminicidas y extorsionistas

Jaime Ulises Marinero / Periodista y comunicador institucional

martes 10, abril 2018 - 12:00 am

Desde enero de 2016 a junio de 2017 en el país fueron judicializados 160 feminicidios, 80 de los cuales fueron cometidos por adolescentes cuyas edades oscilan entre los 12 y 17. El resto por adulto. Es decir, el 50 % de los feminicidios fueron cometidos por menores de edad, que fueron sancionados con penas no mayores de 15 años de internamiento.

En ese período según los datos de la Unidad de Estadística de la Corte Suprema de Justicia del 100 % de los procesados por cometer delitos, el 95 % fueron adultos y un 5 % menores. En otras palabras, ese cinco por ciento cometió la misma cantidad de feminicidios que el   95 % de los adultos procesados.

Del total de “menores infractores”, como se les llama legalmente, el 88 % o más tiene vinculaciones con pandillas y más del 90 % proviene de familias desintegradas u hogares disfuncionales.

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Otro delito en el que destacan los “menores infractores” es en las extorsiones. De hecho éste es el delito que más cometen los adolescentes menores de 18 años. En la mayoría de los casos los adolescentes son utilizados como colaboradores de las pandillas para concretar las extorsiones. Los pandilleros utilizan a los menores para llevar recados a sus víctimas y para recoger el producto de la extorsión. En ocasiones los utilizan como informantes de los movimientos policiales y de sus propias víctimas.

Los delitos relacionados con agresiones sexuales también son excesivamente amplios entre los adolescentes. Los menores procesables están abusando sexualmente de niños y niñas y hasta de personas adultas.


Los datos son extremadamente preocupantes porque desde hace años se mantienen. No hay planes preventivos sistematizados, mucho menos programas de reinserción social para los menores ya sancionados. Se sabe que la falta de escolaridad, la pobreza, la carencia de oportunidades, la desintegración familiar, la convivencia entre pandilleros y otros factores son decisivos para que los menores caigan en la comisión de diversos delitos, desde agrupaciones ilícitas hasta violaciones, homicidios, feminicidios, privaciones de libertad, extorsiones, secuestros y otros.

El sistema educativo no incide en las labores de prevención. No hay un plan sistematizado para orientar a los adolescentes. Tampoco hay instituciones que desarrollen proyectos intensos y efectivos de prevención a escala nacional. Hay esfuerzos buenos pero aislados y geográficamente sectorizado, como el que ejecuta con mucha eficiencia la Fundación Forever de Alejandro Gutman, el cual no ha logrado replicar el Estado.

Tampoco hay verdaderos planes de reinserción social. Los menores que son encontrados culpables y enviados a los centros de internamiento, recuperan su libertad ya como expertos en cometer delitos. Salen libre a repetir el ciclo delictivo ya como adultos.

La jueza de Familia, Carmen Elena Molina, señala que cuando se le dictan medidas a un menor, es decir cuando es encontrado culpable y condenado pero no se manda a internamiento, el menor regresa a su contexto, es decir, a un hogar desintegrado, a la comunidad donde se vuelve a interrelacionar con delincuentes adultos y al mismo escenario de pobreza y condiciones propicias para seguir delinquiendo.

Los jueces hacen lo suyo, pero no hay una estrategia o política estatal para recibir a los jóvenes en proceso de reinserción social. La cantidad de menores reincidentes es amplia, pero es mucho mayor la cantidad de adultos delincuentes con un pasado juvenil delictivo. Las leyes salvadoreñas no permiten conocer los antecedentes penales de un adolescente, pero son muchos los adultos que comenzaron delinquiendo cuando eran niños de 10, 11 o 12 años.

Hace dos años se conoció el caso de dos jóvenes capturados por la muerte de un agente de la PNC. Ambos tenían 18 años cuando fueron detenidos, pero a uno de ellos le faltaban tres días para cumplir 18 años, cuando ocurrió el asesinato cometido con alevosía. Al adulto le fueron impuestos 30 años de prisión y al que le faltaban tres días para 18 años, recibió 12 años, seis de ellos internado y otros seis con medidas en libertad.

La condena fue dispareja porque así son las leyes salvadoreñas, pese a que ambos tuvieron igual participación, incluso fue el menor quien planificó el crimen.

Al país le hace falta una verdadera política de prevención de alcance nacional para evitar que los adolescentes caigan en las garras de la delincuencia. La Fundación Forever puede ser un modelo a seguir.




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