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El equivalente a un tercio de nuestro presupuesto de Gobierno es el monto anual promedio en fuga de capitales por actividades ilícitas. Hace algunos días la organización Global Financial Integrity (GFI) presentó su informe sobre flujos financieros ilícitos (FFI) en los países en desarrollo. En donde, los FFI de El Salvador ascendieron a USD17,437 millones entre 2004 y 2013, un promedio de USD1,581 millones por año.

Los FFI se encuentran dentro de los principales temas de discusión en la agenda global. Dentro de estos surge una jerga que es ajena y difícil de comprender, muchas veces hasta para los que nos dedicamos al análisis de la política fiscal. Paraísos fiscales, fuga de capitales, flujos financieros ilícitos, blanqueamiento de capitales, precios de transferencia, acuerdo de doble tributación, secreto bancario, entre otros, componen el bagaje de términos utilizados. Pero existen algunos de estos que son medulares, y sobre los cuales me gustaría aportar al debate.  Aunque lo más importante de todo es generar conciencia de su implicación para nuestro país.

La fuga de capitales se refiere a la salida de dinero de un país. Generalmente esta se da por la búsqueda de diversificación de la cartera de inversiones, el temor a la inestabilidad política o económica; o bien por la inflación o la confiscación. Hasta allí todo parece bien, cada quien es libre de poner su dinero donde le parezca que esté más seguro; siempre y cuando se estén utilizando vías legales.  Sin embargo, cuando esta se da por el deseo de ocultar la acumulación de riqueza, para la evasión de impuestos y/o porque está vinculada a actividades ilícitas (evasión de impuestos, malversación de fondos públicos, capital producto de actos de corrupción, facturación fraudulenta de las transacciones comerciales y el contrabando de mercaderías, narcotráfico, entre otras), nos estamos enfrentando ante flujos financieros ilícitos (FFI).

Este dinero, que se busca ocultar, termina generalmente en un paraíso fiscal. Este es un territorio o Estado que se caracteriza por aplicar impuestos especialmente favorables, o nulos, a los ciudadanos y empresas no residentes. Pero que además no hace preguntas sobre la procedencia de los fondos, ni dan explicaciones a quien pregunte, dado que su legislación permite mantener en secreto los nombres y los montos de los dueños de las cuentas (secreto bancario). Pero dado que muchos de estos fondos son producto de actividades ilícitas, la comunidad internacional está tratando de reivindicar la connotación de paraíso para mejor referirse a estos como “vertederos fiscales”.

Pero el verdadero problema con los FFI, y por ende con los vertederos fiscales, no es solo la salida de capital de la economía -lo cual descarta la posibilidad de reinversión-, sino que también se reduce la captación de tributos, cercenando la capacidad de los Estados de convertir éstos en beneficios para su población; y por tanto se reducen las condiciones necesarias para un desarrollo social integral y sostenible. Hace algunos meses José Ugaz, presidente del directorio de Transparencia Internacional, aseveró que los flujos ilícitos de la corrupción son un impuesto que es pagado por los más pobres, ya que es a ellos a quienes se les quita recursos necesarios para sacarlos de la pobreza.

Aunque la discusión parezca alejada de nuestra realidad y fuera de nuestra esfera política, no es algo que nos podamos tomar a la ligera. Si bien el combate a la evasión y la supresión de privilegios fiscales injustificados, son piezas fundamentales para mejorar la recaudación, también es necesario la creación de herramientas y entidades que aborden la tributación internacional. Como país no podemos quedarnos atrás en la agenda internacional, sobre todo porque estas acciones traerán beneficios para nuestra sociedad y fortalecerán nuestra democracia.

 

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