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Editorial & Opinion

¿De qué lado se inclinará la balanza?

Eduardo Cuéllar / Maestro en Ciencia Política y experto en Derecho Electoral

miércoles 15, febrero 2017 - 12:00 am

El aumento al salario mínimo ha figurado entre los temas de la agenda pública de al menos los 10 meses más recientes y, como ha ocurrido en muchos casos de judicialización de la política, el último espacio donde la discusión es llevada es a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

El monto del salario mínimo, a simple vista, no responde a los estándares constitucionales, pues la Constitución, en su artículo 38 ordinal 2º plantea que deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales del hogar del trabajador en el orden material, moral y cultural. Es decir, que no tiene como único objetivo la mera subsistencia del trabajador y de su familia, que tradicionalmente se ha vinculado con la llamada canasta básica, sino que comprende otras dimensiones mucho más sustanciales como las ya enunciadas.

Otra característica cuestionable de su regulación legal, y que con la última modificación ha sido reducida en buena manera, es la diferenciación de categorías entre trabajadores, que no parece responder a criterios objetivos, pues resulta muy difícil comprender por qué algunas actividades deben tener diferente remuneración, cuando la lógica elemental de un salario mínimo es la de sentar una base a partir de la cual pueda mejorarse el ingreso del trabajador, según su capacidad o criterios similares. No obstante, la clasificación actual parte de la lógica de que un trabajador del campo tiene menos necesidades o que quizá puede comprar productos más baratos que una persona en la ciudad, cuando probablemente es todo lo contrario. En fin, ese tipo de diferencias no deberían de existir.

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La ciencia jurídica se basa en dogmas, que de manera similar a las religiones, son enseñados a sus alumnos en las universidades como proposiciones que se tienen por ciertas y se aceptan sin cuestionamiento. Entre ellos está la lógica del silogismo aplicado por los juzgadores, en el que la premisa mayor es una norma, la premisa menor es un hecho que se adecua o no a la primera y, la conclusión, es la consecuencia prevista por esa regla. Sin embargo, en la realidad esto no ocurre así, los jueces -como todo ser humano y como en toda actividad- actúan conforme a intereses, que pueden ser buenos o malos, justos o injustos, pero no es cierto que sus resoluciones vengan de asépticos procesos mecanizados en los que la voluntad o el deseo del juzgador queden al margen.

La Sala de lo Constitucional no escapa a esa realidad, basta revisar algunos de sus fallos más conocidos para advertir la diferenciación de criterios aplicados o de argumentos utilizados para justificar sus decisiones. En algunos casos hace una suplencia de la queja deficiente, mientras que en otros considera que no se ha configurado bien la pretensión; toma los Acuerdos de Paz como parámetro de control de constitucionalidad o los deja de lado; actúa de oficio o no; etc.


Por lo anterior, teniendo en cuenta que se han presentado demandas a favor y en contra, tanto del aumento como de la regulación en sí del salario mínimo, surge la pregunta de ¿a favor de quién se inclinará la balanza de la “justicia” en esta oportunidad? De un lado está el gremio empresarial que conforme a sus intereses plantea argumentos de inviabilidad económica o defectos formales en la aprobación de los nuevos montos, mientras que del otro los trabajadores resaltan los valores de justicia y dignidad, parámetros que de volver al salario mínimo anterior le alejan aún más de la dignidad humana que pregona la Constitución.

Queda a criterio de la Sala de lo Constitucional si en esta ocasión inclina la balanza de la justicia a favor del empresariado o de los trabajadores. Definitivamente no se trata de una tarea sencilla o que pueda ser resuelta con los teóricos silogismos que se enseñan en las escuelas de derecho, sino que pasa por valoraciones jurídicas, políticas y pragmáticas, sobre todo por las consecuencias que se pueden generar.

En ámbitos como el electoral, la Sala se ha puesto del lado del “pueblo” al decantarse por las interpretaciones que, al menos en teoría, han fortalecido la posición del soberano; no obstante, se ha tratado de medidas bastante simbólicas, pues no pasan de incidir en reglas electorales que poco afectan el diario vivir de la ciudadanía. En cambio, en una temática como la del salario mínimo, de prevalecer esa lógica, la Sala podría tener una incidencia real en las condiciones de vida de aquellos que están en mayor desventaja social, ya sea para bien o para mal.




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