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Editorial & Opinion

De todopoderoso a incriminado

Roberto Meza / Colaborador

jueves 21, junio 2018 - 12:00 am

El caso de Funes, en menos o en más, ya se ha producido en algunos países. Mientras menos democrático y más autoritario, represivo y abusivo sea un gobierno, es más susceptible que se produzca el procesamiento del gobernante y el de los de su entorno.

A veces se ha aplicado aquello de “quien a hierro mata, a hierro muere”. Y aún con extrema violencia, por ejemplo, cuando a Mussolini y a su compañera Clara Petacci, en Italia, en abril de 1945, los ejecutaron y colgaron cabeza abajo, con ultrajes y escarnio, como hacían los fascistas con los partisanos y otros de la resistencia italiana que capturaban. O en el caso del sanguinario Gadafi, el dictador de Libia, en octubre del 2011, a quien sacaron de una alcantarilla, y mientras sus captores lo escupían y ultrajaban, hasta que lo ejecutaron, pedía que no le dispararan,- “tengan piedad, pedía” –hay imágenes grabadas.

En democracia, no debe haber impunidad, ni perdón, ni olvido. La verdad y la transparencia deben ser esenciales. Los procesos deben ajustarse a derecho, pero sin dilatorias. Funes pide pruebas y señala que a él no se le pueden probar actos de corrupción. Él no niega, ni puede negar, todo el entramado de corrupción del cual es el principal responsable.

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Desde la legislación que impulsó su gobierno, así como parte de sus decisiones y las contrataciones públicas, fueron organizados para simular y presentar otras formas de fraude, viabilizando así la corrupción.

Años atrás vimos que Sánchez Cerén sucedió a un gobierno “en donde lamentable y dolorosamente la corrupción campeaba en los distintos sectores”… “no se puede concebir un gobierno que se autodefine como progresista si se tolera la corrupción.”


“Por más grande que sea la obra física construida, si detrás de ella está el sello inmoral de la corrupción jamás la defenderemos y mucho menos la encubriremos, como lamentablemente ocurriera en la última etapa del gobierno del expresidente Funes”.

Eso de sólo la última etapa no lo creen la mayoría de los salvadoreños. La vinculación que está pidiendo la Fiscalía, por tentativa de plagio o secuestro, ordenado desde la Presidencia, no será el único proceso a seguir, seguro que habrá otros casos. Para procesar a un expresidente no se requiere autorización de la Asamblea Legislativa, ésta sólo es exigible para el caso del gobernante que está en ejercicio.

La gente está ahora muy indignada y sobrecogida, pues le toca vivir con el atrevimiento de los inmorales. ¿Cómo puede ser que ahora cualquier cretino se propone para Magistrado de la otrora Honorable Corte Suprema de Justicia y vemos que se han presentado una media docena de individuos procesados por la Procuraduría General porque no pagan la cuota alimenticia a sus propios hijos? ¡No hay derecho a semejante atrevimiento!




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