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Editorial & Opinion

Debemos proteger la institucionalidad

Armando Rivera Bolaños / Abogado y Notario

martes 13, diciembre 2016 - 12:00 am

OPINIONEl hecho evidente de que los partidos políticos hayan adelantado el reloj electoral desde mediados de este año que se aleja, nos ha sumido a los salvadoreños en una serie de acontecimientos sin precedentes que, analizados conscientemente, pueden servirnos como insumos para prever lo que podría suceder en el año que se avecina a pasos agigantados, con motor de propulsión a chorro, que nos desconcierta por las vertiginosas vueltas sorpresivas que produce en el ánimo de la población.

Posiblemente, lo primero que se espera, es que el presidente, profesor don Salvador Sánchez Cerén, apoyado por su equipo de cercanos colaboradores, se decida por efectuar cambios significativos en la conformación de su actual gabinete, especialmente en el área económica, que es la que más resalta por su incapacidad en resolver problemas de todos conocidos y experimentados, lo que ha motivado muchas críticas de propios y extraños, si consideramos que hasta entidades de fuera como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y calificadoras  mundialmente reconocidas y respetadas, han emitido duras críticas al accionar en el campo financiero y ejecuciones de proyectos por parte de la actual administración que hasta originó una baja en la calificación para la emisión y colocación de los bonos estatales, con los cuales se pretendía saldar las deudas a corto y mediano plazo, lo que nos hubiera permitido un alivio temporal ante el riesgo, aún vivo, de incurrir en default, o sea, impago de nuestras obligaciones contractuales como Estado.

El mal diseño económico, las desacertadas erogaciones de fondos presupuestados con desvío a otros rubros de la actividad gubernamental, llevó al clímax de la desesperación a los 262 gobiernos municipales de todo el país, con visos de gravedad en aquellas pequeñas municipalidades que, por su escasa capacidad de generar tributos suficientes, se han visto duramente castigadas por no recibir oportunamente el dinero de Fodes, hasta el punto de anunciarse un caos jamás visto en la historia edilicia de El Salvador, en sus 195 años de vida independiente.

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Este hecho quizás constituye, a mi juicio, un claro indicador de que las cosas no andan bien en el campo de las finanzas públicas, pues incluso alcaldes efemelenistas se  agruparon alrededor de la Corporación de Municipalidades de la República o Comures, para dar detalles sobre su angustiosa debilidad para costear obras de desarrollo comunitario y la prestación de servicios imprescindibles para la población, como la recolección de los desechos sólidos y dar el servicio de alumbrado público.

Querer resolver  las condiciones económicas de la administración, a base de crear o aprobar impuestos, es un camino trillado que no nos llevará a consolidar la economía nacional. Es  como el deudor  obsesivo, que paga hoy una deuda, pero recurre para ello a endeudarse en otra parte, hasta meterse en un círculo vicioso que gira entre deudas, cada vez más onerosas y angustiantes.


En este orden de ideas, los magistrados que conforman la Sala de lo Constitucional, todos reconocidos como honestos profesionales del Derecho, con amplia experiencia judicial y sin nexos partidarios, seguramente analizaron las deficiencias que hemos apuntado en diversas oportunidades, lo que originó declarar la inconstitucionalidad de aprobar una emisión multimillonaria, que, en resumidas cuentas, tampoco se hubiera podido colocar en el mercado bursátil extranjero, porque el país ya no es confiable, entiéndase bien, pues así estamos calificados en estos momentos, por lo que los “cerebros” financieros del gobierno, pensaron (y pensaron muy mal), que por ley se obligara a que las Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP) adquirieran esos bonos “basura” en sumas exorbitantes, poniendo en grave riesgo a los miles de pensionados salvadoreños que, de haberse aprobado, se hubiera convertido hasta en un “pecado mortal”.

Eso ha originado que, desde entonces, grupúsculos de campesinos y moradores de comunidades humildes, son conducidos por gentes afines al oficialismo, para gritar consignas y amenazas de muerte contra los magistrados de la Sala en comento. Un acto irreverente, dañino, penalmente previsto y penado con cárcel, ante la indiferencia policial y fiscal. Ese punto confiamos se resuelva en 2017: hacer prevalecer el respeto a la institucionalidad judicial, pues una nación que desprecia el imperio de la ley, inexorablemente camina al despeñadero de la anarquía.




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