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El 15 de octubre de 1979 un nuevo movimiento militar brotó con toda su fuerza, aplicando un programa revolucionario. En efecto, la Junta Revolucionaria de Gobierno, basándose en la Proclama de la Fuerza Armada, promulgó el Decreto No. 114 que dejó prácticamente sin efecto la Constitución de 1962 y le dio el fundamento legal para introducir reformas estructurales en el agro, en la banca y en el comercio exterior. Es ese uno de los periodos de mayor violencia e incertidumbre en el rumbo de los destinos nacionales, y es entonces cuando se inició con toda su crudeza la guerra civil que abatió al país por espacio de aproximadamente 12 años.

La primera Junta Revolucionaria de Gobierno estuvo integrada por el coronel Adolfo Majano, el coronel Jaime Abdul Gutiérrez, el ingeniero Román Mayorga Quiroz, el doctor Guillermo Manuel Ungo y el ingeniero Mario Antonio Andino. Desavenencias producidas entre las distintas fuerzas políticas que apoyaban la insurrección, provocaron la composición de la segunda Junta Revolucionaria, la cual estuvo integrada por los mismos militares y los civiles: ingeniero Héctor Dada Hirezi, doctor José Antonio Morales Ehrlich y doctor José Ramón Ávalos Navarrete. Finalmente, el 10 de mayo de 1980, fue llamado a integrar la Junta el ingeniero José Napoleón Duarte en sustitución del ingeniero Dada, quien había renunciado previamente.

Con el frente de batalla abierto contra los insurgentes, el país buscó, de alguna manera, ordenar sus instituciones. Una vez más se convocó a Asamblea Constituyente y ésta, finalmente, dictó la Constitución del 15 de diciembre de 1983, Constitución que, con excepción de los elementos alzados de armas, logró el consenso de las otras fuerzas políticas para dictar la Carta Magna que, con las reformas que luego se mencionará, está vigente en la actualidad. Técnicamente, cambió la estructura de la Ley Superior; introdujo conceptos nuevos; otorga gran relevancia a la persona humana como origen y el fin de la actividad del Estado, el cual está organizado –dice en su artículo 1º inciso 1°–  para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. En consecuencia –agrega en el inciso 3° del mismo artículo (inciso 2° antes de la reforma de 1999)– es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social.

La Comisión Redactora del Proyecto de Constitución de 1983, en su Informe Único de fecha 22 de julio del mismo año, nos ofrece importante información sobre el trabajo desarrollado. En el acápite 2 denominado: “Los alcances de este informe” dice: “a) la Comisión Relatora del Proyecto adoptó el texto de la Constitución de 1962 como base de su trabajo y anteproyecto, por considerar que constituía un buen fundamento para llevar a cabo, con éxito, la delicada misión que le había sido encomendada. De esta manera, se evitaba la necesidad de designar comisiones formadas por miembros distintos de los diputados de la Asamblea Constituyente, que redactaran un anteproyecto que bien pudiera haberse elaborado conforme a la más estricta técnica jurídica pero que pudiera carecer del elemento de valoración política, tan necesarios en las condiciones actuales por las que atraviesa El Salvador”.

En cuanto a la estructura del Proyecto, la misma Comisión nos dice:

“En la Constitución de 1950, reproducida casi íntegramente en 1962, se estructuraron las disposiciones constitucionales de manera tal que la parte orgánica, esto es aquella relativa a la organización de los llamados Poderes Públicos, se colocó al principio de la misma, dejando para los títulos finales aquellas otras relativas a los derechos individuales y sociales. Sin duda, esta estructuración correspondió a las ideas predominantes en la época de otorgar cierta preeminencia al Estado, como una reacción a las ideas del individualismo filosófico y del liberalismo económico, consagradas casi como dogma de fe en nuestro país, desde la Constitución de 1886”.

La modificación consistió en ubicar al principio del texto constitucional los preceptos relativos a la persona humana y los derechos fundamentales.

La décima tercera Constitución entró en vigencia el día 20 de diciembre de 1983. Continúa en vigencia, con reformas sustanciales.

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