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Varias décadas antes de la última “ola democrática” en los países de América Latina, el filósofo español Ortega y Gasset afirmaba: “La salud de las democracias, cualesquiera que sean su tipo y grado, depende de un mísero detalle técnico: el procedimiento electoral. Todo lo demás es secundario (…)Sin el apoyo de auténtico sufragio las instituciones democráticas están en el aire”, (1958).

Por supuesto, la función electoral ocupa lugar destacado en el Estado de Derecho, pues su finalidad está dirigida a garantizar los derechos políticos de los ciudadanos.

La naturaleza constitucional del Tribunal Supremo Electoral, TSE, y de los or-ganismos electorales temporales, son resultado de ello. Parte de sus obligaciones señaladas en nuestro ordenamiento jurídico, es garantizar la participación política de los ciudadanos y partidos políticos, y convocar, organizar, dirigir y vigilar los procesos electorales. Estas tareas deben ser guiadas por diferentes principios, entre ellos: constitucionalidad, legalidad, certeza, objetividad, imparcialidad, eficacia, profesionalismo y capacidad.

Desde los Acuerdos de Paz reconocemos que el proceso electoral 2015 incorporó una cantidad de elementos nuevos, ausentes en las elecciones anteriores. Advertimos, que eso no constituía por sí mismo un proceso complejo o complicado, destinado invariablemente a causar irregularidades graves. Las expresadas calificaciones y resultados dependen, esencialmente, de una inadecuada combinación en la gestión de tiempos y decisiones que, según observadores, sucedió en ciertas actividades bajo responsabilidad del TSE, y por el insuficiente presupuesto concedido ($25,568.670)  para responder con eficacia.

A quienes reprochan a la Sala de lo Constitucional por la sentencia estimatoria del voto cruzado, es necesario aclararles que fue emitida el 5 de noviembre de 2014, es decir, 115 días antes de las elecciones; y sólo incorporaba una nueva opción respecto al voto legislativo 2012. De la sentencia nacían responsabilidades que incumplieron tanto la Asamblea Legislativa como el TSE. Por una parte, la Asamblea Legislativa no actualizó el contenido normativo del Código Electoral y, por otra, el TSE no brindó satisfactoriamente capacitación al personal de los partidos políticos de las 10,621 Juntas Receptoras de Votos, JRV, ni la información pública al cuerpo electoral de 4,911.672 ciudadanos inscritos en el Registro Electoral. Apenas diez días antes de las elecciones salió impreso el Instructivo de las JRV; y según encuesta del IUDOP (UCA) del 12 de febrero del 2015, el 81% de la ciudadanía no tenía ninguna o poca información sobre la nueva forma de votación.

En cuanto a la fase de emisión del voto, ésta se desarrolló de forma pacífica, aunque la participación electoral disminuyó un 2% en comparación a elecciones anteriores del mismo tipo. Terminada la votación, estalló la realidad de las improvisaciones y desajustes administrativos preelectorales: un deficiente escrutinio preliminar en las JRV, y un descalabro del programa de transmisión, procesamiento y divulgación de resultados, con un costo –según el Plan General de Elecciones- de $6,816.510.

En la fase postelectoral, el escrutinio final no estuvo exento de incidentes. Los magistrados del TSE finalmente aceptaron deficiencias en el levantamiento de las actas de cierre y escrutinio, con inconsistencias e incongruencias graves, algunas de tal naturaleza que no fueron procesadas.

Sobre el recuento de votos legislativos del departamento de San Salvador -que representa el 27% de las JRV a nivel nacional-, hubo 20,000 votos nuevos y 80,000 marcas nuevas. 
El informe respectivo del TSE ha sido agregado al proceso de inconstitucionalidad 48/2014 (voto cruzado), y será utilizado para emitir una resolución de seguimiento, que esperamos analice y juzgue el actual modelo de integración y capacitación de las JRV. Además, está el insumo proveniente de las declaraciones del Presidente del TSE: “…la competencia es dura en cada JRV, que está integrada por los mismos partidos. Entre unos y otros se anulan votos, entre unos y otros se validan votos, etcétera, etcétera” (Diario El Mundo, 8 de mayo  2015).

Todo lo anterior sugiere un proceso electoral afectado de “traumatismos administrativos sin precedentes” (David Escobar Galindo, 6 de abril 2015, LPG).

Para la credibilidad de los futuros procesos electorales, la institucionalidad electoral necesita urgentemente un tratamiento, comenzando por un buen diagnóstico. Tenemos que conocer e interpretar exactamente lo ocurrido. Si no se actúa prontamente, estas elecciones dejarán secuelas que afectarán la salud de la democracia. Lo primero, primero: UN BUEN DIAGNÓSTICO.

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