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Editorial & Opinion

Degradaciones

Juan José Monsant Aristimuño / Exembajador venezolano en El Salvador

sábado 10, junio 2017 - 12:00 am

La primera nota que me llegó la tomé como una tontería de la oposición, de alguno de ellos, para magnificar la actuación delictiva de la Policía y la Guardia Nacional (hay que quitarle el adjetivo bolivariana que les puso chávez, en su intención de crear al hombre y la patria nueva), pero comenzaron a llegar por diversas vías. Una y otra escena que se repetía con el mismo uniforme, diferentes víctimas y escenarios, filmados desde smartphones y cámaras profesionales. !Púchica!, me dije.

Los vídeos muestran agavillamientos de uniformados portando sus escudos transparentes, cascos oscuros, escopetas en mano, moviéndose apresurados y nerviosos mientras rodean a una mujer, le quitan el reloj, el anillo, la cartera y salen huyendo hacia sus motos, enredándose entre ellos. Otras, muestran la misma acción hacia jóvenes que acorralan mientras los despojan de sus pertenencias. Ya antes, semanas atrás, un vecino les había filmado saqueando los autos del estacionamiento de su edificio; abrían los baúles y extraían lo encontrado y el radio del tablero, para luego incorporarse a la calle para continuar con aparente normalidad, su ronda siniestra.

Ya no se trata de violar la prohibición constitucional de usar armas letales contra manifestantes pacíficos, las leyes internacionales, de militares vestidos de civil o de civiles entrenados para represión. Nos referimos a la más baja degradación en la que pueden incurrir las Fuerzas Armadas: el arrebatón, el robo al descubierto cometido contra ciudadanos, sin temor a la sanción.

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Quizá se trate de la advertencia de la ministra del Sistema Penitenciario, Iris Valera, cuando amenazó de convertir a los presidiarios en “defensores de la patria” y conmutarles la pena, en claro mensaje a los manifestantes que día a día salen a la calle a entregar su cuota de sangre, frente a las fuerzas de choque de la tiranía.

No bastan los más de 70 asesinatos cometidos en estos dos últimos meses, los 15 mil heridos, tres mil detenidos ni los juicios militares a civiles, ahora se le suma el vulgar asalto a mano armada con alevosía, tal como ha trascendido a la escandalizada comunidad internacional. Posiblemente, ante ello, fue que el ministro del Poder Popular para la Defensa, el General Vladimir Padrino se vio obligado a declarar: “No quiero ver a un GN más, cometiendo atrocidades en la calle”, orden impartida a sus subalternos que constituye en sí, lo que en Derecho Penal se califica como “notitia criminis”, de obligatoria investigación oficial. Lo cierto es que la situación venezolana es insostenible, la crisis humanitaria nos ubica en el umbral de las hambrunas africanas y, la violencia desde el Estado nos hace recordar el caso de Idi Amin Dada en Uganda, el genocidio cometido por el gobierno de los Jóvenes Turcos en los albores del siglo XX, o los horrendos crímenes continuados del Clan de Sinaloa.


Nos ubicamos entre quienes claman por la intervención de una fuerza multinacional que restaure el orden legal, y garantice elecciones supervisadas, así como el enjuiciamiento por un Tribunal ad hoc, de quienes desde el gobierno o en complicidad con él, han cometido delito contra la cosa pública, tráfico internacional de drogas, armas, lavado de dinero o violación de Derechos Humanos.

El tema vino a la reflexión al leer El Piquete de Don Mundo del pasado miércoles: “La Fuerza Armada y su Apoliticidad”, donde el autor alerta sobre el peligro que representa manosear al estamento militar, con la aviesa intención de neutralizarlo, politizarlo para colocarlo bajo la influencia de un partido o de una parcela social. Al final, el resultado es la degradación de la institución armada, como acontece en Venezuela. Es volver al pasado, al oscurantismo de la Edad Media, es condenarnos a repetirnos una y otra vez, como un Prometeo maldito.




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