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OPINIONLa deuda del gobierno central con las municipalidades por el Fodes ha sido últimamente objeto de discusión. Este es un compromiso del 8 % de los ingresos corrientes netos, incluido en el presupuesto general de la nación y por el que cada mes, en el presente ejercicio fiscal,  se erogan $29 millones.

¿A qué se debe esta deuda, cuál es su origen? Simple: a) disminución de los ingresos corrientes en las arcas del Estado producto del conocido déficit histórico con el que ha operado la hacienda pública, en el que usualmente los ingresos terminan por debajo de la proyección presupuestaria; b) una crisis política derivada de la falta de acuerdos estancados por la principal oposición política del país; c) bloqueo causado en los ingresos por resoluciones judiciales; y d) baja cultura tributaria de prominentes sectores empresariales.

Actualmente, la discusión se ha centrado sobre la especificidad de ese adeudo, cuando es muy claro que los $134 millones solicitados al legislativo para pagar el Fodes son parte de los $1200 millones ampliamente debatidos y justificados en varias ocasiones, sin que exista otro camino más que su aprobación a cambio de una Ley de Responsabilidad Fiscal.

Esta coyuntura es una excelente oportunidad para incorporar al debate público la territorialidad del fondo, así como las perspectivas del desarrollo y financiamiento municipalista. En el último cuarto de siglo nuestro país ha dado pasos significativos en desarrollo local, pasando de aquella mísera asignación inferior al 1 % que imperaba antes de los Acuerdos de Paz y con el que tan duramente se castigaba a los más pobres, hasta el respetable -aunque insuficiente- 8% en la actualidad. Este es un logro del proceso de cambios en El Salvador, de la lucha de las propias municipalidades agremiadas, del acompañamiento de la solidaridad y cooperación nacional e internacional para desarrollo local y de la tenaz y persistente lucha de la izquierda en el país.

Contamos con más y mejores herramientas legales, aunque todavía dispersas, como el Código Municipal, Ley del Fodes, Ley Reguladora del Endeudamiento Público Municipal, Ley de la Carrera Administrativa Municipal, Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, entre otras, lo que ha significado un paso de trascendencia en la ruta de fortalecer el precepto constitucional del artículo 203 que reza: “los municipios serán autónomos en lo económico y en lo administrativo”.

Este fortalecimiento del marco normativo ha estimulado el asocio gremial de Comures y el extraordinario trabajo de acompañamiento técnico del Isdem. Además, se suma el esfuerzo de una red de instituciones no gubernamentales que han contribuido tesoneramente al desarrollo local y municipalista, potenciando capacidades técnicas crecientes y procedimientos de planeación estratégica participativa orientados a dar un mayor alcance a la proyección de los municipios;  y el diseño de nuevos enfoques de presupuestos de inversión con participación comunitaria, con la aplicación paulatina de mecanismos efectivos de rendición de cuentas que contribuyan a transparentar la gestión pública, el que se cataliza bajo la creciente presión de la Ley de Información Pública que ofrece a la ciudadanía una nueva palanca en la incidencia sobre políticas públicas.

Aún hay enormes retos para contar con municipios más fuertes, que contribuyan con asociaciones departamentales, regionales y micro-regionales sólidas. Hay demandas sobre la necesidad de alcanzar una mayor capacidad municipal de administración y gestión de su inversión pública, más destreza del manejo de costos y contabilidad de las operaciones de los servicios de alumbrado público, reparación vial, disposición final de los desechos sólidos y la mejora significativa de sus propios ingresos por recaudación tributaria.

Entonces, se requiere más planificación, técnicas de administración financiera y operativa, tecnología, alcanzar mayores niveles de eficiencia y eficacia; en definitiva, lograr una administración sana, transparente y sostenible, lo que exige ajustar en el ámbito municipal la exigencia nacional de ceñir el gasto a la tendencia de recaudación y definir límites y criterios de endeudamiento.

La deuda de las municipalidades ha crecido considerablemente. Según datos oficiales a diciembre de 2015 sobrepasó los $495 millones, con una tendencia de incremento del 9.1 %, atizada por remuneraciones que crecen cada año y presionada con el aumento de bienes y servicios que van en expansión. Lo más grave es la tendencia a la baja de la inversión, en la medida que se expande la deuda.

Este escenario exige, por un lado, buscar alternativas de reestructuración del financiamiento y manejo de estas deudas -en algunos casos comprometen cinco y hasta siete futuras administraciones munícipes- y por otro, definir una ruta de financiamiento estratégico para el futuro del desarrollo local, en pocas palabras: decidir e iniciar el proceso de aplicación del impuesto predial exclusivamente para el financiamiento del desarrollo local, lo que permitiría concentrar el Fodes en los municipios más pobres. En la América continental El Salvador es el único país que no ha implementado esta modalidad de tributo y probablemente su ejecución implicaría un par de años de arduo trabajo. Nuevamente es cuestión de voluntad política, de visión de futuro y compromiso por el país.

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