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El pasado cinco de enero se instaló la nueva Asamblea Nacional de Venezuela, luego de haber ganado la Unidad Democrática en forma indiscutible, la mayoría calificada del Congreso. Fue una votación multitudinaria, tan solo en cuatro estados el oficialismo rojo rojito logró mantener su posición; el resto se dibujó de azul, el azul de la MUD, de la esperanza del retorno a la democracia.

Ciento doce diputados de la oposición levantaron su mano ese día, para jurar ante Dios y la Patria su cargo ante la nación. Cada uno de ellos asumiría el peso de legislar y controlar las actuaciones de los funcionarios encargados de velar y ejecutar las disposiciones contenidas en la Constitución. Todo alto cargo, propuesto o no por el Ejecutivo, debe pasar  por la aprobación del Congreso. Así lo prevé la Constitución, la nuestra, la de El Salvador o la de cualquier país del orbe democrático. Tal es la inmensa responsabilidad y fundamento de un cuerpo legislativo.

El pasado martes el Tribunal Superior de Justicia sentenció acerca de las potestades de la Asamblea Nacional, para ejercer el control sobre el resto de los Poderes. Para simplificar, digamos que funcionario es todo persona al servicio del Estado, por medio del cual percibe una remuneración. En esta categoría se encuentra el tren Ejecutivo, el Judicial y los integrantes del propio Legislativo. Por supuesto, si el Legislativo puede iniciar investigación a sus propios integrantes, igualmente lo puede hacer con cualquiera de los funcionarios ratificados por el Parlamento, valga decir Procurador, Fiscal, Defensor Público o Contralor de la República.

Hoy nos encontramos frente a lo que los penalistas denominan la comisión de un delito continuado; en este caso, un Golpe de Estado continuado. Es decir, la confabulación de dos o más Poderes para neutralizar las potestades de otro.  Delito que se inició el pasado 04 de enero en horas de la noche, cuando el Ejecutivo en complicidad con la Asamblea saliente (oficialista) nombró los nuevos magistrados que integrarían el Tribunal Superior de Justicia (todos militantes del psuv). El segundo acto se realizó cuando ese Tribunal le quitó de un plumazo la mayoría calificada a la Nueva Asamblea, al impedir la investidura de tres diputados, para evitar cualquier decisión de trascendencia institucional que pudiera marcar un retorno a la democracia.

Ahora, con esta Sentencia que mandó muy largo al carajo (en su sentido literal y figurado) a la Asamblea Nacional, el Tribunal Superior sentenció que la Asamblea no podía ejercer control sobre las Fuerzas Armadas, el Fiscal, Procurador, Contralor, Defensor Público o Presidente de empresas estatales. Al Presidente de la República o a sus ministros, solo podía ejercer control, previa coordinación a través del Vicepresidente Ejecutivo (funcionario administrativo designado por el Presidente)

No sé qué necesita la comunidad internacional democrática para pronunciarse sobre el caso venezuela (la v en minúscula). Allí está la Carta Democrática de la OEA, algo podría decir, aunque sea a titulo declarativo. Mientras, ¿qué hacer? Bien, desde Moisés para acá la libertad solo se obtiene enfrentando la tiranía. ¿Cómo enfrentarla?, 1) desobediencia civil, 2)  resistencia pacífica, 3) resistencia armada. Cada una con sus matices y diferentes expresiones. Le toca a la dirigencia democrática, señalar el camino, porque hay un pueblo que demostró el 06 de diciembre, cada uno con sus dimensiones, limitaciones y posibilidades, que está dispuesto atender el llamado que se le haga para rescatar la democracia. Lo otro, es esperar como el pueblo cubano y el soviético, que también es una decisión.

Nos sentimos triste, sí. Son abogados como uno, sin la suerte haber seguido clases de Planchart Manrique o Escobar Salom, quizá por eso razonan como razonan en términos jurídicos, que no son jurídicos sino de conveniencia. Estimo, aunque debo algunos años de membrecía, que el Colegio y la Federación de Abogados algo tendrá que decir en el futuro, de estos magistrados, jueces, fiscales y procuradores, sobre lo que hicieron con el ejercicio del Derecho.

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