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Editorial & Opinion

¿Democracia política sin gestión pública ambiental?

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional / Autor: Alonso Castillo Robles

viernes 11, agosto 2017 - 12:00 am

El Estado salvadoreño tiene el deber de proteger los recursos naturales y el medio ambiente, para garantizar un desarrollo sostenible (Arts. 1 y 117 de la Constitución) que haga posible el mejoramiento de la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones. Ese deber constitucional va en consonancia con una democracia política que propenda a la justicia social con equilibrio ecológico. Estimamos que si bien hemos dado pasos para la democracia electoral, hay notorio retraso en la democracia política, que implica la debida gestión legislativa, judicial y administrativa por los representantes electos, de manera directa o indirecta, para el desarrollo económico y social del país. Es innegable la falta de equidad y de equilibrio ecológico. Hay necesidad de apartar los intereses del mercado y financieros como foco central del quehacer público y poner en prioridad la acción política en pos de los intereses colectivos de orden social.

Veamos por ejemplo las limitadas proyecciones en materias de salud y educativa y las escasas medidas de fondo para el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Advertimos la necesidad de una reforma educativa, de salud y de planes para el desarrollo sostenible. En esta etapa del país, insistimos, la democracia como sistema no se activa más allá de las luchas con perspectivas electorales.

Si partimos del hecho que la gestión pública demanda cumplir múltiples mandatos legales por parte del gobierno central y las municipalidades en relación al medio ambiente, según prescribe el artículo 5 de la Ley del Medio Ambiente, la realidad contrastante es de un nivel muy bajo, anclada en lo rutinario y mínimo por parte de los funcionarios responsables y los séquitos burocráticos. Para muestra un botón: la publicidad del Mitur de una imagen de paisajes y pueblos a visitar o del centro histórico de la capital, en la que se oculta la basura y la contaminación. Vinculamos todo esto a una mora sustancial: no ha funcionado el Sistema Nacional de Gestión del Medio Ambiente, que por disposición legal, desde el año 1998, está formado por el Ministerio del Medio Ambiente, las unidades ambientales en cada ministerio y las instituciones autónomas y municipales, con la finalidad de establecer, poner en funcionamiento y mantener los principios, normas, programación, dirección y coordinación de la gestión ambiental del Estado (Art.6 L.M.A.). La letra muerta de la norma es atractiva, sin embargo la gestión ambiental de las municipalidades en coordinación con el Mitur se desconoce. Nos atrevemos a opinar que mientras no se incluya la gestión ambiental como parte de una planificación nacional, la democracia se mantendrá únicamente en las actividades electorales.

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El tema de la democracia política con enfoque hacia el desarrollo sostenible, debería ser parte de un plan general de gobierno, que coordine los proyectos ministeriales, y de los programas de asignaturas universitarias, principalmente de las carreras siguientes: ciencias políticas, economía, sociología y derecho. También debería ser tema de especial interés de las organizaciones de jóvenes intelectuales e idealistas que están pugnando por la democracia política, nos referimos a: “De Cinco en Cinco”; “Medio Lleno”; “Censura Cero”; “Uno Más Uno” y “Proyecto Cero”, etc.

En un panorama sin planificación, sobran los “eslóganes”, sin carne. Aunque formalmente el Estado salvadoreño es un país soberano, y la soberanía reside en el pueblo, sus Órganos de Gobierno deben despertar (Arts. 85 y 86 Cn.) y colaborar entre sí. Ese es el fundamento constitucional del citado Sistema Nacional de Gestión del Medio Ambiente, con sus objetivos: coordinar la gestión ambiental en las entidades e instituciones del sector público; establecer los procedimientos y fijar normas de participación y coordinación. En definitiva, si en la realidad la democracia política no funciona y es ignorada o se ha estancado en las ofertas de los partidos políticos, ello se proyecta en cascada: las cuotas de poder partidario que devienen de los comicios, se trasladan a las diferentes áreas del sector público, inefectivas sin la  coordinación prevista para la gestión ambiental. Ergo, no hay democracia política, ni desarrollo económico, ni equidad, ni equilibrio ecológico, sólo derroche.





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