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Denuncian a ministro de educación en Fiscalía

Juan Carlos Vásquez

lunes 18, septiembre 2017 - 12:03 am

El ministro de Educación, Carlos Canjura y el director nacional de Educación Superior, Francisco Marroquín, fueron denunciados en la Fiscalía General de la República (FGR), por tres miembros del Consejo Superior Universitario de la Universidad Monseñor Óscar Arnulfo Romero (UMOAR), quienes también pidieron procesar al rector en funciones, Román Honorio Mejía Figueroa y la secretaria general de la universidad, Carmen Navas Escobar.

El escrito presentado, por Roberto Serrano, José Humberto Ayala Santos y Juan Carlos Manzano Urbina señalan que la denuncia es por incumplimiento de una sentencia dictada en la Sala de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia, con referencia 336-2009, y hechos arbitrarios de la Dirección Nacional de Educación Superior, además de la usurpación de puestos en el Consejo Superior Universitario y junta directiva de la UMOAR. Los denunciantes señalan que el 8 de junio del 2009 fueron electos por la junta directiva de esa universidad como miembros del Consejo Superior Universitario con las funciones de vicerrector, secretario general y decano de Ciencias Agropecuarias y Forestal, para el período 2009-2012, que fue la misma Dirección Nacional de Educación Superior (DNES) quien los reconoció el 9 de julio del mismo año y que conllevó a que les extendieran sus respectivas credenciales, el 10 de diciembre de 2009.

Agregan que fueron electos, en legal forma, por la Junta Directiva de miembros fundadores de la institución para un periodo de tres años, según lo establecen sus estatutos.

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Ante la confirmación del Consejo Superior Universitario, Juan José Solórzano Arriola y Alfredo Antonio Lobo, iniciaron el 27 de noviembre de 2009, un juicio contra el entonces ministro de Educación y vicepresidente de la república, Salvador Sánchez Cerén y la Dirección Nacional de Educación Superior.

Pero en octubre del año 2012, Lobo y Solórzano Arriola, aparentemente habrían negociado con el Ministerio de Educación (Mined) y retiraron la demanda contra Sánchez Cerén (ver nota secundaria), no obstante sus asesores jurídicos, entre ellos Arturo Méndez Azahar, siguieron la demanda a título personal contra el Mined y la DNES en la Sala de lo Contencioso Administrativo, este tribunal superior resolvió el 30 de agosto del año 2013 a favor de los denunciados, es decir, ratificó el Consejo Superior Universitario para el período 2009-2012.


“El Consejo Superior Universitario 2009-2012, del cual somos miembros, tomó posesión en noviembre del 2009, período que terminaría en noviembre del 2012, sin embargo, fuimos suspendidos intempestivamente y arbitrariamente por la Dirección de Educación Superior, sin causa justificada”, dicen en su denuncia los profesionales.

Previo a esta elección, específicamente en el año 2008, la junta directiva de miembros fundadores de la universidad denunció por administración fraudulenta al ahora prófugo por dos procesos de estafa agravada, Juan José Solórzano Arriola, Alfredo Antonio Lobo, Román Honorio Mejía Figueroa y Carmen Navas Escobar, pero al final la Fiscalía solo proceso a los dos últimos.

En ese proceso que llegó hasta el Tribunal de Sentencia de Chalatenango, los dos imputados y los fundadores de la UMOAR llegaron a un acuerdo conciliatorio en el año 2009, uno de los puntos autorizados por el tribunal y que consta en el acta judicial es que los esposos Mejía, no podían ser electos en puestos de autoridad, ni elegir en el período 2009-2012.

No obstante el 13 de abril de 2011, en una supuesta asamblea de miembros fundadores comparecieron cinco de ocho miembros, para elegir una nueva junta directiva y nuevo Consejo Superior Universitario, pero de esos cinco fundadores solamente tres estaban habilitados para votar ya que los esposo Mejía, no podían, judicialmente, ser electos hasta el 8 de junio de 2012, por el acuerdo conciliatorio que ellos firmaron en el año 2009 en el Tribunal de Sentencia de Chalatenango.

En la denuncia interpuesta en sede fiscal se declara que esa asamblea tuvo que haberse invalidado, porque no se convocó de legal forma, además no hubo quórum, no obstante esas supuestas irregularidades la Dirección Nacional de Educación Superior registró y avaló la firmas de las nuevas autoridades de la UMOAR, que actualmente funcionan de facto.

“La DNES violó nuestro derecho claramente establecido en el artículo 18 de los estatutos de la UMOAR al suspendernos intempestivamente y arbitrariamente y no permitirnos cumplir con el periodo de tres años para el cual fuimos electos”, expresan los denunciantes en el escrito presentado en la Fiscalía.




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