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Fotografía de referencia/EFE

 

Los cuerpos de seguridad y las pandillas son los “principales asesinos” de miembros de la comunidad de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI) en El Salvador, donde en 23 años ha ocurrido unos 600 “crímenes de odio”, afirmó la activistas salvadoreña Karla Avelar.

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Según Avelar, presidenta de la Asociación Comunicando y Capacitando Trans (COMCAVIS-TRANS), desde 1993 unos 600 miembros de la comunidad LGTBI han sido asesinados y la mayoría de víctimas son mujeres transexuales.

“Los cuerpos uniformados y los grupos de pandillas son los que más están involucrados en crímenes por odio contra de las compañeras  trans, son los principales asesinos”, aseveró.

De acuerdo con la activista, estos datos han sido recabados sin la ayuda del Estado salvadoreño porque ningún organismo público registra los asesinatos “con base en la orientación sexual e identidad de género” de las víctimas.

Si el homicidio de una mujer transgénero “no lo publica ningún periódico o no se le reporta a ninguna oenegé, esa persona termina en los datos como hombre”, aseguró.

Añadió que la comunidad LGTBI catalogará estas muertes violentas como “crímenes de odio (…) mientras no haya una resolución o investigación de la Fiscalía” que “diga lo contrario”.

Avelar insistió en que los asesinatos de personas LGTBI no son “casos aislados” y presentan ciertas características que dejan ver la saña con la que fueron perpetrados.

Ejemplificó con el caso de una mujer transgénero conocida como “La Puca”, quien fue ultimada con 21 tiros, pese a que “murió del primer balazo que recibió en la cabeza”, según el dictamen forense.

En diferentes ocasiones, Avelar ha denunciado públicamente que por estos casos no hay condenas y que las autoridades judiciales los  dejan prescribir.

“Lo que más nos preocupa es la falta de investigación de los crímenes por odio, realizados con lujo de barbarie”, porque la Fiscalía y el sistema de Justicia “han hecho caso omiso de investigar independientemente” de la identidad de género, dijo.

Avelar también señaló que el acoso policial y de las pandillas ha impulsado la migración forzada de personas LGTBI. En los primeros tres meses del 2016 su organización contabilizó 29 casos de desplazados por este motivo.

Se han ido “por persecución de la Policía, por amenazas, extorsión y porque las han intentado asesinar”, denunció. Añadió que “todas están solicitando asilo político” en Estados Unidos, México y Costa Rica porque “no hay garantías de derechos en el país”.

“Estos son los casos que conocemos porque las personas se han abocado a informarnos que han tomado la decisión de migrar, ¿y todas  las que se han ido sin que las podamos identificar como organización?”, expuso.

La activista también señaló que las pandillas buscan “tener una relación con una persona trans”, especialmente con quienes se dedican al trabajo sexual, para “poder someterla para obligarla a introducir cosas ilícitas a los centros penales”, o “al final lo que quieren es extorsionarlas”.

No obstante, la presidente de COMCAVIS-TRANS aseguró que las violaciones de derechos humanos no solo se circunscriben a la seguridad, sino que pasan por aspectos como la negación de cambiar su nombre y la discriminación en el sistema de educación y salud.

“El reconocimiento de los derechos humanos para la comunidad LGTBI en El Salvador, y a nivel regional, es precario”, porque no existe legislación alguna en la que “de forma taxativa aparezca el reconocimiento” de estas garantías, explicó.

Señaló que esto se da por “la falta de compromiso por parte del Estado de crear nuevas leyes que beneficien” a la comunidad LGTBI, pese a que “El Salvador está comprometido hasta la coronilla” porque es parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Señaló que “El Salvador está manejando un doble discurso” porque el trabajo realizado en esta materia con la comunidad LGTBI “es muy poco” y “a la hora de informar a los organismos internacionales” presentan al país “como la Suiza de Centroamérica”.

“En una reunión que tuvimos con el secretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, dijo que el actual y futuros gobiernos jamás iban a apoyar de forma abierta el tema LGTBI y el tema del aborto”, aseveró..

Señaló que esta “doble moral” es generada por las iglesias que tienen injerencia en la toma de decisiones políticas porque el Estado se  centra más en su opinión” que en garantizar los derechos de la población LGTBI.

Avelar dijo que COMCAVIS-TRANS presentó el 25 de febrero un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Nombre ante la Corte Suprema para que “las personas trans podamos tener acceso al cambio de nombre”.

Explicó que la decisión de la Sala de lo Constitucional marcará su estrategia en los próximos años, ya que de ser favorable se obligaría al Ejecutivo a modificar la ley a su favor o, de ser desfavorable, podrían demandar al Estado ante organismos internacionales.

Según los registros de las organizaciones sociales, entre las tres primeras ciudades de El Salvador, que son San Miguel, Santa Ana y la capital, existen aproximadamente 6.000 miembros de este segmento de la población.

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