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OPINIONLos desafíos de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se observan en múltiples ámbitos en la realidad jurídico política salvadoreña, teniendo en mente la confrontación inevitable con los órganos Legislativo y Ejecutivo y, además, con la Corte Suprema de Justicia en pleno, en razón de que las solicitudes y demandas ciudadanas implican afectar decisiones y líneas de los poderes formales del Estado.

Al pensar en el tema de la emisión de decisiones de fondo, surgen una serie de aspectos que es preciso indicar a la Sala, como verdaderos desafíos a enfrentar, y que se requieren solucionar para el buen funcionamiento de la misma en su tarea de órgano de control de la constitucionalidad.

En primer lugar, la necesidad del funcionamiento de la Sala como un verdadero tribunal colegiado, lo que implica ocuparse de aspectos actualmente desatendidos, como las convocatorias de sesión, elaboración y publicación oportuna de agendas, publicación de criterios de distribución de procesos, la conveniencia de designación de magistrado ponente, la regulación de abstenciones y votos razonados; todo lo que, además de hacer más eficiente la administración de la justicia constitucional, implicaría dotarla de transparencia y crearía las condiciones de “trazabilidad”, para que los ciudadanos seamos capaces de evaluar la labor de los magistrados.

En segundo lugar, la necesidad de profundización y más seriedad en el abordaje de temas técnicos, económicos o ambientales, para una efectiva protección de los derechos constitucionales, ya que el desconocimiento de nociones básicas en esos temas genera vulnerabilidad al tribunal, al grado que las decisiones pueden estar en abierta contradicción con realidades técnicas y económicas. En ese sentido, puede verse la sentencia del proceso de inconstitucionalidad No. 65-2012 (tema de subastas para otorgamiento de concesiones para explotación del espectro radioeléctrico, en la que se aseguró que el espectro es un bien demanial), o la sentencia del proceso de inconstitucionalidad No.  98-2014 (proceso promovido por Pedro Alejandro Mendoza Calderón y otros contra la Asamblea Legislativa por el “pago mínimo” del Impuesto sobre la renta), decisión en la que se declaró que el pago mínimo del impuesto era inconstitucional porque no se podía deducir del activo de un contribuyente, los “costos y gastos”, aseveración claramente contraria a nociones elementales de la técnica de la contaduría y de las finanzas.

En tercer lugar, es necesario referirse a los efectos de las decisiones de fondo de la Sala. Al respecto se hace necesaria, por un lado, la sistematización de criterios en relación con los efectos de las sentencias de los procesos de amparo, porque existen decisiones aisladas sobre el “efecto objetivo” de la sentencia cuando se ampara contra normas autoaplicativas, pero el mismo pronunciamiento no se hace en todos los casos. Por otro lado, es absolutamente necesario evitar el vaciamiento de contenido de las sentencias estimatorias; al respecto, véase el caso de la sentencia emitida el 25 de noviembre de 2011, en el proceso de amparo No. 306-2009 (promovido por la Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador contra el Concejo Municipal  de Apopa) en la que se declaró que el efecto restitutorio de una sentencia de un proceso de amparo “no implica la obligación de devolver cualquier cantidad de dinero que haya sido cancelada en concepto de pago por el tributo ahora declarado inconstitucional”.

Finalmente, en cuanto a la ejecución de las decisiones de la Sala, sobre todo frente a la falta de cumplimiento voluntario de las sentencias y demás decisiones de la Sala, se advierte, por un lado, la necesidad de pronunciamientos claros y precisos, ordenando a autoridades demandadas conductas puntuales; y, por otro lado, frente a la necesidad de decisiones posteriores a la sentencia, la tramitación de peticiones con agilidad y oportunidad.

En este punto, pues, puedo resumir el señalamiento de estos temas, como desafíos a enfrentar por la Sala de lo Constitucional, en tres cuestiones de capital importancia: la simplificación o reconfiguración de procedimientos, el aumento de la calidad de las decisiones y la transparencia en la gestión procesal, todo en función de una protección jurisdiccional efectiva en sede constitucional.

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