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Editorial & Opinion

Desestiman importancia de Fiscalía

Armando Rivera Bolaños / Abogado y Notario

lunes 27, marzo 2017 - 12:00 am

Mientras en la hermana república de Guatemala, los entes oficiales y privados se esmeran en brindar toda clase de apoyo a la titular de la Fiscalía General de aquel país, en nuestro patio la izquierda partidaria, con el Ejecutivo en sus manos, se ha propuesto,  desde hace varios meses, realizar una serie de maniobras y acciones que denotan una clara intención de ahogar financieramente a tan importante institución, establecida constitucionalmente para defender los intereses del Estado mismo y de la sociedad en general. Esta situación la hemos expuesto en varias oportunidades, incluso con llamamientos al presidente Salvador Sánchez Cerén, sin encontrar una respuesta de aliento que trate de enmendar una larga serie de errores y ataques contra el ente fiscalizador de la República, especialmente desde que el colega  Douglas Arquímedes Meléndez fue electo para dirigir las actividades legales de  la Fiscalía General y en la cual ha demostrado, sin ambages ni dobleces, una línea vertical, honorable e imparcial, que no siempre es del agrado de aquellos “intereses creados” que, por estar a veces en la línea oscura de lo deshonesto e ilegal, no ven con “buenos ojos” a un funcionario que tarde o temprano puede echarles “el guante” y  proceder en los tribunales contra ellos. Como dice el viejo refrán “quién la debe, la teme”…

El caso más fresco de esa absurda confabulación contra el funcionamiento fiscal, ha sido con respecto a la distribución de lo recaudado  en el llamado “impuesto a la seguridad” que recae en el servicio telefónico celular y de cuyo monto total, corresponde al Ministerio de Justicia y Seguridad, presentar periódicamente a la Asamblea Legislativa una distribución del gravamen mencionado hacia la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil, sistema penitenciario y, por supuesto, a la Fiscalía General de la República (FGR), que anticipadamente hizo públicas sus necesidades de refuerzo para llevar a cabo labores en la investigación del delito y de las actividades del crimen organizado y pandillas, las que por su veracidad, justificaban plenamente que se le destinara siquiera el 2 % de lo recaudado que ascendía a once millones y medio de dólares, según datos. Desde la mesa presidencial se ordenó que de esa cantidad, 11.3 millones se distribuyeran para bonos de agentes policiales, soldados y custodios de centros penales… y que a la FGR se le entregara únicamente la suma ridícula de 250 mil dólares. Todos apoyamos que a los elementos de la Fuerza Armada que participan junto a los sacrificados policías nacionales civiles, se les reconozcan bonos por sus esfuerzos  arriesgados en combatir a los delincuentes. Es justo que se haga. Pero también es justo hacer refuerzos a las actividades fiscales. Lo uno con lo otro guardan estrecha relación. Mientras el fiscal investiga y direcciona las acciones policiales, se encuentra en igualdad de riesgo en caso de un enfrentamiento. Mientras las fuerzas conjuntas proceden a inactivar a los delincuentes y capturarlos, corresponde al fiscal consignarlos posteriormente a los tribunales e iniciar el proceso penal correspondiente, hasta concluir en la sentencia final.

Lo que más desencantó de esta conjura financiera contra la FGR, fue la intervención de ciertos diputados del oficialismo, en los cuales es bien evidente su “falta de instrucción notoria” para tratar asuntos tan delicados para la seguridad jurídica del país. Dentro de la bancada efemelenista de la Asamblea hay elementos que estudiaron leyes. Algunos, por cierto, fueron mis alumnos en una prestigiosa universidad privada y que en la discusión de esa suma a distribuirse no se oyeron ni se vieron, porque no pertenecen a la Comisión de Seguridad. Pero vimos y escuchamos a ciertos diputados del oficialismo en turno que, por el tenor de sus intervenciones, creo andan más erráticos que una piscucha abatida por los ventarrones de octubre…

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El hecho tangible e indiscutible de que existe la funcionalidad de una Fiscalía General de la República que ha demostrado ser imparcial, apolítica, apegada estrictamente a la Constitución, las leyes y tratados que rigen el ordenamiento jurídico de la nación, es suficiente prueba para concederle no solamente una gran importancia, sino para demostrarle apoyo financiero en sus esfuerzos por salvaguardar los intereses del Estado y la Sociedad. Esperamos urgente rectificación.




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