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Editorial & Opinion

Desiguales por ley

Ana Cevallos / Economista Investigadora Icefi @Cevallob

jueves 11, enero 2018 - 12:00 am

Estos días sostuve una conversación con María Pazos Morán, destacada académica del Instituto de Estudios Fiscales de España, quien me dijo algo muy certero: “La desigualdad no es un factor natural que se transmita por herencia genética, sino que deriva, en gran medida, de la orientación de las leyes y de las políticas públicas que nos hace desiguales en la práctica”.

Comentábamos sobre su libro “Desiguales por Ley” al cual recurro cada vez que tengo oportunidad por considerarlo un texto de cabecera en materia de Economía y Hacienda Pública. No obstante, contrario a lo que pudiera pensarse, normalmente lo consulto  por motivaciones personales más que por motivaciones profesionales. Se preguntarán ¿qué tipo de motivaciones personales llevarían a consultar un libro de Economía? La respuesta es simple:

María Pazos en su libro nos ayuda a entender el mundo en el cual vivimos, superando los marcos abstractos que predominan en la Economía y evidenciando la forma en que éstos afectan nuestra cotidianeidad. De esta forma, muestra cómo las normas sociales que a simple vista parecieran no tener ninguna implicación material, en realidad constituyen la punta del iceberg del grave problema de desigualdad que afecta nuestras sociedades.

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Haciendo un recuento, seguramente la gran mayoría hemos experimentado situaciones donde ser hombre o ser mujer marca diferencias en lo que podemos y debemos hacer, al igual que factores como la clase social, el origen étnico, la religión, entre otros. Incluso se llega a un punto donde dichas diferencias parecieran naturalizarse con expresiones como: “detrás de un hombre hay una gran mujer”; “soy pobre por voluntad de Dios”; “los hombres no lloran”; “las mujeres son el pilar de la sociedad”; “la homosexualidad es una enfermedad”, por ejemplo.

En definitiva, da la impresión que nos encontramos en un mundo hacedor de etiquetas, donde la sociedad prescribe (por valoraciones asignadas según características biológicas y/o socioeconómicas); lo que debemos pensar: nuestros derechos, nuestros límites, nuestras capacidades, nuestros roles e incluso nuestro destino. Sin embargo, atribuir esta función a la sociedad en abstracto, como si funcionara por una mano invisible, además de ser una ilusión, constituye una irresponsabilidad, ya que en realidad detrás de todo ello existen leyes, políticas públicas y finanzas públicas que perfilan dicho modelo de sociedad, lo reproducen y lo institucionalizan.


De esta forma, en la práctica observamos leyes que penalizan con cárcel a las mujeres por causas de aborto; disposiciones que limitan el matrimonio entre personas del mismo sexo; leyes que limitan el derecho de los padres y priorizan el de las madres (asignando permisos de maternidad y paternidad con marcadas diferencias); disposiciones en materia de seguridad social que discriminan a sectores vinculados al trabajo doméstico; presupuestos con escasa atención a los servicios del cuidado (guarderías y centros de atención para población discapacitada y población adulta mayor, etc.); regulaciones laxas para la protección de la población trabajadora, por citar algunos. En cuanto a  los ingresos tributarios, observamos medidas que eximen a las iglesias y a algunas empresas del pago impuestos, mientras que penalizan a la población más pobre con la aplicación de impuestos al consumo.

En definitiva, podríamos continuar con la lista para seguramente concluir con la idea que iniciamos: la desigualdad no es natural, sino que se construye socialmente y se materializa por medio del marco legal y las políticas públicas que, a su vez, expresan los intereses, cultura y cuota de poder de quienes las definen e inciden en su contenido.

Una conclusión demoledora, considerando que tenemos un país con resultados sociales de los que difícilmente podemos sentir satisfacción. Pero, al mismo tiempo, una conclusión esperanzadora ya que permite ubicar las falencias en las que desde el campo de las finanzas públicas y las políticas sociales hemos estado incurriendo.  Por tanto, resulta fundamental preguntarse ¿qué modelo de sociedad queremos y cuál resulta más eficiente? Definitivamente, no resulta difícil responderlo, considerando que existe una amplia evidencia que demuestra que en sociedades más igualitarias, democráticas y transparentes se obtienen resultados sociales más eficientes y justos.




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