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El 27 de agosto de 2015 tendrá un apartado especial en los libros de historia de Guatemala. No solo fue el hecho de que más de cien mil personas hayan asistido a la Plaza de la Constitución a exigir la renuncia del presidente, sino que lo hiciera la diversidad que representa este país. La invitación fue lanzada por organizaciones campesinas y de la sociedad civil, acogida por las universidades y múltiples instituciones. E incluso en último momento respaldada por la poderosa gremial del sector empresarial.

Ese día, en un mismo lugar, se encontraban las múltiples guatemalas: campesinos y empresarios, personas del sector rural y urbano, pueblos indígenas y ladinos, ricos y pobres, personas de izquierda y de derecha; eso sí, sin colores partidarios. Todos con una misma consigna: exigirle la renuncia al presidente. No fue el genocidio, las muertes de niños y niñas por la desnutrición o la gigantesca desigualdad lo que los unió; fue el hartazgo por la corrupción.

Todo empezó el pasado 16 de abril, cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) daban a conocer la existencia de una estructura criminal que operaba en las aduanas y donde millones de dólares en lugar de poder utilizarse para la construcción de escuelas u hospitales, iban a los bolsillos de delincuentes. Desde entonces surgieron las manifestaciones como un instrumento para intentar cambiar un sistema podrido. Pero faltaba más. Hace algunos días la CICIG y el MP evidenciaron que los cabecillas de esta estructura de ratas sociales eran el presidente y, la exvicepresidenta de Guatemala.

La indignación inundó el asfalto, pero también la terracería. La protesta pacífica era la forma de hacerle saber al señor Otto Pérez Molina que él ya no era el presidente de los guatemaltecos honestos y que por lo tanto le exigían la renuncia. Él se aferra al poder como salvoconducto para intentar evitar la cárcel; pero el congreso, ante la presión social, le quitó la inmunidad. El problema no es solo el presidente, aun cuando renuncie aparecerán otras estructuras dirigidas por otros nombres, igual o peor de corruptos. Guatemala tiene una enorme oportunidad de poder transformar el sistema actual, pero corre el peligro de conformarse únicamente con la renuncia del presidente, y no luchar para hacer los cambios estructurales que limpie la podredumbre de la corrupción.

En El Salvador anda circulando una invitación para salir a las calles a manifestarse; las reacciones no se han hecho esperar. Es tan reprochable aquellos que condenan las manifestaciones como un mecanismo legítimo que tiene la ciudadanía para expresar su malestar, así como quienes intentan sacar raja electoral al usar esta convocatoria para deslegitimar el actual gobierno. Porque no se puede comparar lo que está pasando en Guatemala con El Salvador. De lejos el presidente Sánchez Cerén ha sido hasta la fecha el mandatario más probo que se ha tenido. Se le podrá criticar su falta de liderazgo o de capacidad, pero hasta el momento no se le puede acusar de corrupto. Lo anterior no implica que no puedan existir funcionarios que sí lo son, pues este flagelo no conoce de ideología.

Independientemente de eso, qué bueno que empiece a existir en la ciudadanía salvadoreña el deseo de manifestarse, pues revela que se empiezan a dar destellos del despertar de un pueblo que lleva décadas dormido.

Porque se debe recordar que se vendieron los bancos y otras instituciones públicas y la ciudadanía no hizo nada; dolarizaron el país en un madrugón, y nadie hizo nada; se ha observado como alcaldes, diputados, ministros y hasta presidentes se enriquecieron ilícitamente y no se hizo nada. La ciudadanía ha sido cómplice silenciosa de los saqueadores del Estado. Ojalá éste sea el inicio de una época diferente, donde se premie al honesto y se castigue al corrupto. Ya que en cada acto de corrupción no solo se roban nuestro dinero, también nuestra democracia y las posibilidades de desarrollo.

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