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Editorial & Opinion

Desplazamientos forzados y violencia pandilleril

Jaime Ulises Marinero / Periodista

martes 19, diciembre 2017 - 12:00 am

María (nombre ficticio), su esposo y sus dos hijos adolescentes, vivían en una comunidad periférica de Soyapango. Ella trabajaba en una maquila y él trabajaba como tapicero en San Salvador, mientras que sus hijos estudiaban bachillerato. En septiembre pasado, alrededor de cinco pandilleros armados llegaron a su vivienda y les dieron tres días para que la abandonaran. Ambos adultos dejaron sus trabajos y junto a sus hijos se fueron a vivir a un municipio de la zona oriental. María y su familia fueron desplazadas por las pandillas y su caso no aparece registrado en ninguna institución, porque no denunciaron por temor a represalias.

El caso de María es coincidente con muchos otros más que fueron dados a conocer por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la organización Cristosal. Según la PDDH, entre abril de 2016 y mayo de 2017, esa institución conoció 138 casos de familias desplazadas por las pandillas, de los cuales solo 37 fueron denunciados. Es decir, que 101 familias se fueron obligadas por las pandillas sin denunciar ante las autoridades. Abandonaron todo para salvar sus vidas.

Obviamente, la cantidad de familias desplazadas es mucho más que  138 pues muchos se desplazan en silencio abandonando sus viviendas, sus trabajos, sus estudios, su entorno y sus raíces. El procurador adjunto Gerardo Alegría reconoció que 138 casos se quedan cortos con el número real de familias desplazadas a causa de la violencia institucionalizada por los grupos terroristas.

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La posición de la PDDH es que la mayor cantidad de desplazamientos ocurren por el accionar de las pandillas que amenazan con matar (y matan) a miembros de las familias o que les exigen fuertes sumas de dinero para dejarlos vivir en las comunidades. En tal sentido, dicha institución insta al gobierno a crear programas de atención a estas víctimas.

No obstante el informe de la PDDH,  el Gobierno  Central, a través del Ministerio de Seguridad Pública, no acepta que la violencia pandilleril es la principal causa del desplazamiento (forzado) de las familias. Para el Gobierno, el desplazamiento es multicausal y ubica a la situación económica como la principal causa, seguido de la reunificación familiar y solo en tercer lugar ubica a la violencia pandilleril. A todas luces, la posición gubernamental no es coherente con la realidad ya que es evidente que pretenden ocultar una realidad que todos conocemos: las familias son desplazadas o forzadas a migrar de sus comunidades por la violencia generada por las pandillas.


El procurador Alegría, entonces, insta al Gobierno a reconocer el desplazamiento interno por violencia como problema nacional y asumir la responsabilidad de protección y asistencia para las víctimas. Y es que no basta con la existencia de delito Limitación Ilegal de Libertad de Circulación para perseguir a quienes fuerzan los desplazamientos. Dicho delito creado en abril de 2016 por la Asamblea Legislativa contribuye a procesar a quienes obligan a las familias abandonar sus viviendas, pero no es suficiente. La PNC debe controlar los territorios, desplazar a los pandilleros y garantizar la seguridad y estabilidad de las familias en sus residencia y en el resto del territorio nacional.

Muchas familias deciden no marcharse de sus viviendas porque no tienen hacia dónde ir y las consecuencias son  nefastas. En algunas ocasiones, les han matado miembros y hasta ha habido familias masacradas porque no pudieron abandonar sus comunidades, pese a las amenazas constantes.

Es triste observar en las noticias cómo en ocasiones es la misma Policía la que llega a las comunidades para darles seguridad a las familias cuando están abandonando sus comunidades, motivados por las amenazas de los grupos terroristas. Pero es más triste cuando ocurren desplazamientos forzados motivados por la misma PNC ya que, según Celia Medrano, de la organización Cristosal, en ocasiones la PNC acosa a jóvenes solo porque viven en comunidades con presencia pandilleril.  Aunque son pocos estos casos, existen y son gravísimos.

En definitiva, el Gobierno debe aceptar y enfrentar el problema de los desplazamientos forzados. A cada familia salvadoreña se le debe garantizar la seguridad en todo el territorio. Quienes deben ser desplazados, perseguidos y enfrentados con la justicia son los terroristas, que atentan cotidianamente contra la ciudadanía.




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