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finales de mayo Hato Hasbún y Carlos Cáceres suspiraron aliviados, se fueron a dormir tranquilos. Faltaban 20 minutos para las 12 de la noche, la legislatura saliente, en su última plenaria aprobaba un decreto que autorizaba la emisión de $900 millones en títulos de deuda pública.

Todo caminaba a las mil maravillas, el ministro de Hacienda empezaba a colocar los primeros $100 millones en títulos, cuando la Sala de lo Constitucional, mandó a parar: admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto aprobado por la Asamblea Legislativa y tomó una medida cautelar: Decidió que mientras dure el proceso de inconstitucionalidad, no podrá realizar ninguna operación que guarde una relación directa o indirecta con la emisión y colocación de títulos valores de crédito. Todo se derrumbó.

El gobierno central, frustrado por la decisión de la Sala de lo Constitucional, comenzó a realizar comentarios subidos de tono declarando que la intención de la Sala es “amarrar económicamente al gobierno y que los magistrados de la Sala responden a los intereses de la clase dominante y de ARENA, quienes buscan imponer ataduras al gobierno para seguir invirtiendo en el pueblo”.

Más allá de la anécdota el tema central es que el decreto de los $900 millones no rompe el círculo vicioso del endeudamiento destinado al pago de deuda, pues la mayoría de los $900 millones servirían para pagar deuda a corto plazo, sufragar la devolución de impuestos y una parte menor del préstamo se ocuparía en programas sociales.

Ojo, que se está desperdiciando una buena oportunidad, de aprovechar esta coyuntura, para buscar soluciones de fondo al problema estructural de la baja recaudación tributaria y tomar medidas para romper círculo vicioso de endeudamiento público estéril, donde se recurre al crédito para pagar la deuda. Que se convierte en una deuda que nunca se deja de pagar.

El Pacto Fiscal es condición necesaria para que El Salvador salga adelante, no hay vuelta de hoja, se deben buscar consensos para que por el lado del ingreso se suba la carga tributaria, se logre ampliar la base tributaria. Hay que tenerlo claro que, agotadas otras vías de aumento a la recaudación, lo que viene son más impuestos.

Es necesaria la aprobación de la ley de responsabilidad fiscal que ayude a regular los compromisos financieros del Estado, y logre la sostenibilidad de las finanzas públicas, con base a principios de progresividad y equidad.

Del lado del gasto, se debe garantizar la utilización de los fondos públicos de manera eficiente, oportuna y transparente. Hay que hacer más eficaz el gasto público, combatir la corrupción, ser más transparentes y desarrollar un gobierno de austeridad. Todo esto es bueno pero, se debe tener en cuenta que la mayor eficiencia del gasto público no resuelve el problema de la insostenibilidad fiscal. El peso del ajuste fiscal debe de estar por el lado impositivo, por el lado de los impuestos.

Los salvadoreños debemos exigir que se transparente el manejo de los préstamos, se evalúen los impactos de la deuda y demandar que se apruebe la ley que regule el endeudamiento público. Históricamente, los ciudadanos nunca hemos sido debidamente informa-dos sobre la deuda pública y cómo se paga. Hoy es el momento de crear una Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública, pues se trata de fondos públicos que se costearán con los impuestos que todos pagamos.

La Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública es el instrumento de control ciudadano que permitirá primero, que los salvadoreños entendamos de manera clara cuál es el funcionamiento de las finanzas públicas. En segundo lugar, saber la importancia de analizar la deuda, conocer quien la contrajo, cuál fue el destino de los recursos y cuáles son las consecuencias que tiene para el país que la deuda pública llegue a ser más del 60% del PIB.

Hay que empezar a quitar la idea que únicamente los economistas pueden participar en un proceso de auditoría de la deuda, el funcionamiento de las finanzas públicas es demasiado serio para dejarlo solo en manos del gobierno y los economistas la Auditoría Ciudadana de la Deuda debe contribuir a popularizar el conocimiento de la realidad financiera del país, involucrando a los diversos sectores de la sociedad.

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