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Al 14 de abril del año en curso, el Ministerio de Hacienda asegura, en un inserto que fue publicado en dos periódicos de circulación nacional, que más de 12 mil 500 personas, entre naturales y jurídicas, pueden ser calificadas como “deudoras del Estado”. Semejante aseveración no solo es falsa según el diccionario, sino que roza la temeridad al interpretar aisladamente varios artículos del Código Tributario y olvidarse de los derechos que este cuerpo legal le otorga a los administrados.

Antes que el último paquete fiscal se impusiera vía aritmética legislativa, a mediados de 2014, quienes estuvimos en contra de aquellas arbitrarias reformas al Código advertimos que el Ministerio de Hacienda actuaría exactamente como lo está haciendo hoy. Dijimos que las enmiendas al artículo 277 y una aplicación a rajatabla del 264 bastaban para exhibir como deudores del Estado a quienes incluso estuvieran haciendo uso legítimo de los recursos que el mismo Código, en sus artículos 4 y 5, nos franquea a los contribuyentes salvadoreños. Tan evidente era la intención, que ni siquiera un año ha pasado y ya la vemos concretada en una publicación controversial, a todas luces destinada a mezclar peras con guineos y a sembrar dudas alrededor de la rectitud contributiva de ciertos sectores productivos.

¿Adeuda al Estado, por ejemplo, la persona natural que ha apelado ante las instancias correspondientes los montos que se le exige pagar y con los que no está de acuerdo, entre otras razones porque tiene documentos para probar que esos montos han sido erróneamente establecidos? ¿Por qué debe ser expuesto como “deudor” alguien a quien aún no se demuestra que tiene deudas “firmes, líquidas y exigibles” con el Estado? ¿Y cómo se explica que una empresa, apelando un 2% del monto millonario que ya pagó al gobierno en tributos, sea enlistada entre los deudores fiscales?

Estas arbitrariedades son resultado de reformas inconsultas atadas a objetivos muy específicos dentro del esquema de tensión perjudicial en que dos gobiernos al hilo han preferido manejarse con el sector privado. Al oficialismo no le interesa, para el caso, destacar el “derecho de contradicción” de los contribuyentes en tanto pueda ampararse en enmiendas ad-hoc para exhibirlos como “deudores”. Con presunciones muy parecidas a las que aquí asoman se ha perseguido y encarcelado a empresarios, periodistas y opositores en diversos países de la órbita chavista.

Pero también se hace necesario admitir que las reacciones de las gremiales empresariales, aun y cuando haya razones para tenerlas, deben estudiarse siempre a la luz de los principios de libertad democrática que se defienden. Además de dejar siempre bien claro que nunca va a protegerse a empresarios que evadan sus responsabilidades con el fisco, las amenazas de demandas a los soportes mediáticos que divulguen los datos proporcionados por Hacienda deben reconocerse desatinadas y contraproducentes.

Por supuesto que ese portal llamado “Transparencia Activa” cumple un papel de vocería gubernamental, tanto más sesgado e irresponsable cuanto menos abierto a publicar críticas contra el oficialismo. Pero antes que proceder a demandar legalmente a este espacio por el vergonzoso rol de porrista que juega, los que se sientan ofendidos con sus “noticias” deberían recordar a los funcionarios detrás de “Transparencia” que están a cargo de un medio estatal, pagado con dinero de los contribuyentes, lo que les obligaría doblemente a conceder espacios de réplica proporcionales a las dañosas afirmaciones que se hayan hecho contra personas o empresas en sus notas.

Y ya que hablamos de esos salarios que los ciudadanos pagamos a través de nuestros impuestos a servidores públicos de todo nivel, incluyendo ministros de Hacienda o secretarios de comunicaciones, pregunto: ¿Se publicarán los nombres de contribuyentes a quienes los procesos de revisión y apelación, en sus diversas instancias, demuestren haber estado siempre libres de deudas con el Estado? ¿Tendremos insertos en periódicos de circulación nacional haciendo las rectificaciones pertinentes?

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