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Hoy  políticos y funcionarios hablan de unión y a la vez esos mismos hablan con todo rencor. En el diccionario de la política criolla, los términos diálogo, tolerancia y transparencia no existen. Uno los busca y no los encuentra, de manera especial este es el momento en el que el país urge de decisiones en materia fiscal.

La partidocracia se resiste a aceptar que la base del entendimiento en una sociedad que se defina como civilizada es el diálogo; esta herramienta que ofrece la democracia es útil ante la presentación de intereses incompatibles. Sin embargo, las ecuaciones socio-económicas no pueden seguir esperando y solo podrán ser resueltas mediante el diálogo, solo así una sociedad puede vivir un cambio real en su condición humana y por ende en su entorno. Por consiguiente, los retos sociales son como las casas viejas: Hay que aceptarlas con hipoteca y goteras.

Sumado a ello, la honradez es vital en quienes asuman la responsabilidad de dicho diálogo. Basta ya de presentarse como algunos se comportan en las tarimas y las redes sociales: con perfiles falsos. La sociedad no puede confiar en alguien que no es definido desde el principio. De ahí ese accidentado arribo de esas bacterias a las instituciones del Estado, que en nada positivo ha contribuido. La enorme dispersión generada por sus acciones irracionales condicionan posibles puntos comunes de beneficio nacional que de la mano de una “oposición política” acéfala, carente de una mente estratega que logre diseñar un plan de contención económico-político-jurídico que dista de concluir en metas y objetivos certeros a mediano y largo plazo.

Hay un grave problema de liquidez que atraviesa el país, y las voces oficialistas no cesan su exigencia en más recursos financieros para seguir operando y saldar deudas. Sin embargo, esas mismas voces callan en materia de eficiencia, ajuste al gasto público y rendición de cuentas.

Existen dos medios de cancelar deudas: por el ahorro y el trabajo. Por ende no se aspirará a desarrollar el territorio si no contamos con entes que fiscalicen con ética y eficacia a todo aquel que reciba recursos estatales. La probidad es elemental si quieren lograr credibilidad hacia los ciudadanos. Acceso a la información: Los contribuyentes debemos saber en qué y cómo serán invertidos los recursos financieros-humanos. Aquí la importancia de serios diagnósticos técnicos. Muchas instituciones por ejemplo, la Asamblea, se encierra en no dar a conocer sus presupuestos tanto a ciudadanos como a medios de comunicación.

Debe existir una política de apertura hacia los contribuyentes de cómo se administra nuestro dinero. La información financiera es un recurso indispensable para evaluar la efectividad y limites con la que el estado ejecuta los presupuestos. No pueden exigir responsabilidad si no son honestos en divulgar estados actualizados de la contabilidad estatal, porque si quisieran hacer algo ya lo habrían hecho: hace siete años están en el gobierno y no hacen más que seguir ordeñando al país.

Tanto criticaron a los otros y terminaron haciéndolo peor. Sea un ministro, diputado, alcalde  etc. que logra trasparencia y rinde sus informes apegados a la honradez administrativa ofrece mejores servicios, logrando obtener desarrollo y mayores posibilidades de inversión. Integrador y coordinador que exprese cifras financieras verídicas respecto a los ingresos y recursos para un período determinado deben determinar una estrategia fiscal. Acá el punto no debe ser solo más recursos, sino ¿qué hacer con ellos?, presupuestarlos técnicamente y no electoralmente.

Sostenibilidad fiscal le llaman los expertos, así los recursos (escasos) que tiene la nación disponible para su desarrollo, el cual le permitirá se maximicen adecuadamente para beneficio social. Por ello, un gran error es arruinar el presente defendiendo un proyecto demagógico que nunca tendrá futuro. “El que conociendo el mal no lo combate, es cómplice”. Pio X

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