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Diputados rechazan levantar inmunidad al presidente Jimmy Morales

EFE

viernes 22, septiembre 2017 - 12:00 am

EFE

El Congreso de Guatemala bloqueó nuevamente ayer la vía para que el presidente Jimmy Morales pueda ser investigado por un supuesto delito electoral, un día después de que miles de guatemaltecos salieran a las calles pidiendo también que los diputados renuncien por “corruptos”.

Durante una sesión plenaria, solo 70 diputados votaron a favor de quitarle el fuero al mandatario, cuando se requería el apoyo de 105 parlamentarios, la mayoría calificada, que tampoco se alcanzó para que la causa quede archivada.

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Tras esta votación, el expediente regresará a la dirección del Organismo Legislativo, de donde podrá ser solicitado para que se vuelva a discutir, debido a que tampoco se alcanzaron los votos necesarios para rechazarlo.

En la plenaria de ayer, el Congreso estuvo rodeado desde primera hora de la mañana por fuertes medidas de seguridad que bloquearon el paso de los vehículos por las calles aledañas. El presidente, el opositor Óscar Chinchilla, cerró la sesión por falta de quórum tras la decisión.


Durante el razonamiento de votos que se canceló por la salida de los diputados del hemiciclo -entre ellos la bancada oficial-, Amílcar Pop, de la formación de izquierda Winaq, y el que solicitó volver a conocer el antejuicio, anunció que hará el mismo proceso las veces que sea necesario hasta que a sus compañeros “les entre la conciencia”.

Razón de protestas

La petición de desafuero al mandatario, la intención de éste de expulsar al jefe de la CICIG y la actitud de 107 diputados de aprobar reformas al Código Penal, que supuestamente favorecían la corrupción y la impunidad, han provocado oleadas de protestas desde agosto que convergieron en una masiva este miércoles con más de 200.000 asistentes.

Contra los diputados que aprobaron esas reformas, pero que tuvieron que ser anuladas poco después tras la indignación popular, un grupo de organizaciones pidió retirarles la inmunidad para que puedan ser investigados por la comisión de los posibles delitos de obstrucción a la Justicia y resoluciones violatorias a la Constitución.

Las reformas, aprobadas en el denominado “miércoles negro”, blindaban a secretarios generales y candidatos de los partidos políticos del delito de financiación electoral ilícita y ampliaban la conmuta de penas de cinco a 10 años en varios delitos.




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