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OPINION

La reciente sentencia de la Sala de lo Constitucional que ha dejado fuera del espacio legislativo a los actuales diputados suplentes, no debe ser causa de amenazas e insultos contra la misma, ya que dicho fallo ahora permitirá cubrir ciertos vacíos en este caso específico. Agradecidos deberíamos estar los ciudadanos sin ningún distingo político que, gracias a la jurisprudencia constitucional, se vaya creando una cultura de respeto hacia nuestra Carta Fundamental en forma íntegra, sin intereses egoístas y sin intentar el menoscabo del tribunal constitucional, en forma altanera y agresiva, como la observada en días pasados.

Antes de continuar, agradezco al vicepresidente de la Universidad Tecnológica, Lic. Carlos Reynaldo López Nuila, el envío de dos tomos intitulados “De los Acuerdos de Paz al Estado Social y Democrático de Derecho”, obra del doctor Mario Antonio Solano Ramírez, exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, cuya sabiduría, experiencia profesional y fina redacción, admiro y respeto. En forma oportuna me han llegado esos libros, pues constituyen fuentes seguras para comentar lo que actualmente sucede en la esfera del Estado. También es un llamado a nosotros los abogados, que solo vivimos desvelados por revisar los Códigos, pero nunca echamos un vistazo a los preceptos constitucionales, luz vital y orientadora de todo ordenamiento legal, cuya inobservancia hace renacer abusos y confusiones que ya debían haberse superado.

En efecto, el Art. 121 de la Constitución crea la Asamblea Legislativa como “un cuerpo colegiado, compuesta por Diputados, que deben ser elegidos en la forma prescrita por esta Constitución y a ella compete fundamentalmente la atribución de legislar”. En esa normativa, no se hace diferencia entre diputados propietarios y diputados suplentes, llanamente se lee “Diputados”.

Sin embargo, la misma Constitución en su Art. 129, cuando mandata que los diputados “en ejercicio no pueden desempeñar cargos ni empleos públicos remunerados”, expresa en el último inciso lo siguiente: “Los suplentes pueden desempeñar empleos o cargos públicos sin que su aceptación y ejercicio produzca la pérdida de la calidad de tales”. Ergo, existe reconocimiento constitucional de los diputados suplentes. En este orden ideas, si el Art. 121 en su término general manifiesta que la Asamblea, como cuerpo colegiado, está compuesta por “Diputados” y lo relacionamos con el Art. 129 in fine, que reconoce a los suplentes, entonces queda plenamente establecido que la Asamblea está compuesta por diputados propietarios y suplentes y, por ende, todos ellos “deben ser elegidos”. Pura lógica jurídica. El escaso conocimiento de la legislación constitucional produjo, por años, que en las elecciones solo participaran los candidatos a diputados propietarios, mientras los suplentes simplemente fueron documentados por el Tribunal Supremo Electoral.

Este lapsus gravísimo e inconstitucional se corrige ahora con la sentencia pronunciada, pues obliga someter al escrutinio popular también las planillas de diputados suplentes, a partir de las elecciones de 2018 en adelante, lo cual viene a reforzar nuestra incipiente democracia. Respecto a los recursos de amparo presentados por diputados suplentes de la izquierda, según mi criterio, carecen de suficiente argumentación jurídica y justificación para ser admitidos y “suspender el acto reclamado”.

Asimismo, es peregrina la inquietud de cómo se suplirá a un diputado propietario si llegare a enfermarse, por ejemplo. Pero dejan de lado el asunto primordial del “quórum”, la cantidad necesaria para resolver, ya indicada en el Art. 123, Inc. 2o. Cn. A menos que surgiera una epidemia gravísima u otro caso fortuito, o de fuerza mayor, que impidiera reunirse a todos o la mayoría de los propietarios, entonces quedaría el Órgano Legislativo sin posibilidad de tomar decisiones.

La sentencia es benéfica, repito, porque siquiera en esta legislatura, se evitará que muchos propietarios solo lleguen de vez en cuando a las plenarias, utilizando el resto de su período en misiones oficiales, viajes desconocidos u otros menesteres que no son los que les manda la Constitución, pues tienen

al suplente a su disposición. Hasta eso de cómo y cuándo suplir un propietario debe enmarcarse en el Reglamento Interno de la Asamblea. ¡Dejen de agriarse

el hígado y trabajen más por y para nosotros!

 

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