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Editorial & Opinion

Diversos matices delincuenciales

Armando Rivera Bolaños / Abogado y Notario

martes 21, noviembre 2017 - 12:00 am

Antes de entrar en materia, como decían los abogados de antes, quiero pedir disculpas a quienes puedan sentirse aludidos con estas apreciaciones, pero el problema de los altos niveles delincuenciales en el país, según estudios realizados por diversos “tanques de pensamiento”, tiene su origen, entre otros factores, en la disolución apresurada de los cuerpos de seguridad en 1992, sin siquiera tener en formación la nueva policía nacional civil que los sustituiría. De hecho, recuerdo, la Academia Nacional de Seguridad Pública, calificada como “el verdadero milagro de los Acuerdos de Paz”, prácticamente se inició en una oficina jurídica privada, hasta que el presidente Alfredo Cristiani, dispuso de dos inmuebles, uno en Santa Tecla y otro en Comalapa, para que comenzara a funcionar, pero no en formar policías de inmediato, sino en estructurar planes, metodologías, organización de puestos y funciones.

El mayor daño, aseguran, se originó con la extinción de la Policía Nacional, junto con la Guardia Nacional (especie de policía rural comunitaria), al incluirse a sus investigadores y, para nadie es un secreto, que la columna vertebral de cualquier policía en el mundo está conformada por la investigación. El país careció por muchos meses de investigadores experimentados. Terminado el conflicto bélico, en apariencia la violencia social desapareció. Pero al quedar miles de personas fuera de las facciones armadas, sin oportunidades de empleo (especialmente en zonas rurales y suburbanas), hogares desbaratados por el conflicto, migraciones masivas a otras naciones y otros fenómenos sociopatológicos, comenzaron a suceder hechos que, aunque nadie lo crea, adquirieron similares tácticas a la insurrección izquierdista que padecimos por más de 12 años, a tal punto que los infractores a la ley aseguraban inicialmente, ante jueces y abogados, que “la lucha continuaba, porque las leyes fueron dictadas por las clases pudientes, para someter a los débiles y desheredados”, frase que a veces se les escapa a ciertos diputados izquierdistas. Es decir, sostenían con firmeza que al “quebrantar la ley burguesa”, también era un acto de liberación y heroísmo, como cuando combatían en los grupos subversivos, cuyos dirigentes en el poder “hoy como ayer, manifiestan un permanente desafío a la ley, hasta buscar la aureola del liderazgo, olvidando que pueden estar contra las leyes, pero nunca desobedecerlas”. Esto ha sido evidente con sentencias pronunciadas por la Sala de lo Constitucional.

A cinco lustros de firmarse los Acuerdos de Paz, prácticos en su contenido, pero vacuos en la realidad, la ola delincuencial se presenta con rasgos de tercera dimensión y multidireccional, pues ya no se trata únicamente de la delincuencia común, la que comete crímenes en sitios oscuros, o por vulgares “rateros” en los buses, sino la apoyada dentro y fuera del territorio por sólidas estructuras del llamado crimen organizado que, seguramente, ya penetraron el poder político, policial y judicial, dando vía amplia a las prácticas corruptas y el enriquecimiento ilícito que, incluso, ha contaminado estamentos militares para adquirir armas privativas de la Fuerza Armada. La lucha oficial solo fue beneficiosa aparentemente, como se evidenció en la “tregua” pactada por el expresidente Mauricio Funes. Los manejos de lavado o blanqueo de millonarias sumas de dinero derivadas del narcotráfico, trata de personas y prostitución de menores, quedaron sin ninguna persecución durante su gestión, por lo que se intuye podrían estar utilizándose dichos recursos para “comprar” el apoyo cómplice de altos funcionarios y empleados del sector estatal, como lo demuestran varios casos ya judicializados pero que, por lentitud pericial no caminan como desea la ciudadanía.

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No debe desalentarnos el auge criminal. Lo que urge es reforzar la investigación científica del delito, cerrar espacios y oportunidades a la comisión de los delitos en cualquier sector o actividad, así como establecer un control territorial permanente y aplicar la ley sin importar quién caiga o quede detenido. Es necesaria la prevención comunitaria no solo para desastres naturales, sino para contrarrestar la influencia delictiva y eso debe formar parte de las actividades municipales. Rogamos, vehementes y esperanzados a nuestro Divino Salvador, que el futuro mandatario incluya el tema de seguridad para concretarla con firmeza y efectividad, devolviéndonos un clima de tranquilidad para desarrollar, de nuevo, el destino futuro de nuestro amado país.




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