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Recientemente la semana pasada y “casualmente” en el contexto del Enade 2015, fue publicada virtualmente la lista de los más grandes deudores tributarios del Estado, entre los que se encuentran varias de las más grandes empresas de este país, en términos de capital, tamaño y ganancias (¿ganancias?). Más allá de la pugna legal de si el Ministerio de Hacienda tiene la facultad de publicar la lista de los grandes “morosos” del fisco –que creo que la tiene- es de escándalo que el 0.12% de dichos morosos deben el 25% de la deuda tributaria, pues ello significa que su falta de tributación golpea directamente los ingresos del Estado con todo lo que ello implica en términos del ingreso corriente. Y hay que acotar que no se trata de la bizantina discusión de si se aprueban aumentos a los impuestos directos o indirectos en el país –a lo que los empresarios privados en su mayoría se han opuesto y se oponen sistemáticamente-, sino que aquí hablamos de los tributos corrientes, los vigentes, los más básicos y elementales, y en proporciones que, si comparadas con otras cargas impositivas de América Latina, es de las más bajas, por no decir quizá que la más.

No es aceptable desde ninguna perspectiva que quienes demandan constantemente comportamientos ético-democráticos al gobierno, quienes demandan destinar recursos para resolver el problema de la inseguridad y la violencia en el país, quienes demandan mejor calidad y cobertura educativa y quienes demandan mejores servicios de salud, no tengan ni siquiera la decencia de pagar los ya vigentes, básicos y de por sí bajos tributos que su porcentaje de ganancia de capital les obliga. Es todavía más curioso que muchas de estas grandes corporaciones declaren que “no tuvieron ganancias” en un período fiscal, pues ello ni es creíble ni proponible.

Según diversos estudios fiscales, principalmente del Banco interamericano de Desarrollo y del Instituto Centroamericano de estudios Fiscales, en El Salvador los que tienen menos dan al fisco un mayor porcentaje de sus ingresos que los más ricos, y hay grandes contribuyentes que pagan apenas una fracción del impuesto de renta que según la ley deberían pagar. No es posible seguir sustentando una realidad tributaria tan desigual adonde el 10% de los hogares más pobres paga al Estado en concepto de impuestos un promedio de $30 por cada $100 que percibe, mientras en el otro extremo el 10% de los hogares con más ingresos paga al Estado un promedio de $11 por cada $100 recibidos.

Esta disparidad tributaria debe de cambiar, los empresarios de todo nivel, pero en especial los más grandes, deben tomar conciencia democrática que con ese nivel de tributación, sumado al profundo y descarado nivel de evasión y elusión fiscal, frenan el desarrollo del país, evitan que se destinen más fondos para combatir la violencia, la pobreza, el desempleo, etc. Y además ningún desarrollo es posible en un esquema tributario que funciona a la inversa de como debería hacerlo en un país medianamente democrático, adonde el que gana más debe pagar más, y no a la inversa.

Los grandes empresarios deben dar la más clara y elemental muestra de compromiso con el futuro del país, pues aunque se tengan distintas visiones político-económicas frente a la visión del gobierno de turno; pues aunque hagan señalamientos de supuestos despilfarros por parte de las instituciones públicas; pues aunque demanden comportamientos éticos de los más altos estándares en el manejo de las finanzas públicas y suma responsabilidad en el tema del endeudamiento público para el caso; pues aunque señalen el desproporcional crecimiento del aparato burocrático del Estado y el aumento en el número de plazas públicas; y aún si todo eso señalado fuese cierto, no representa ni la más mínima excusa para no cumplir con la más elemental y básica obligación de contribución al país, cual es la tributaria, y ello en un esquema de una ya muy baja tasa de tributación. No se trata de exigirles solidaridad social que a lo mejor no anida en sus corazones de raíz liberal fundamentalista –si al caso-, no, se trata de que cumplan con lo mínimo que se les exige, para que también puedan tener un mínimo de legitimidad a la hora de hacer los señalamientos que normalmente hacen contra el gobierno.

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