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Duarte entró ilegal a Guatemala en 2016

EFE

Internacionales | Diario El Mundo

Lunes 17, Abril 2017 | 12:00 am

Desde septiembre del pasado año, Javier Duarte era investigado por la Procuraduría General de la República de México por delitos como corrupción, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos./ EFE

El exgobernador del estado mexicano de Veracruz Javier Duarte, detenido el sábado en Guatemala con una orden de captura internacional, estaba en el país centroamericano desde el pasado noviembre, cuando ingresó ilegalmente por vía terrestre.

El jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República de México (PGR), Omar García Harfuch, informó ayer de esto en una rueda de prensa en la capital guatemalteca, junto al representante jurídico y de asuntos internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, entre otros.

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Duarte, de 43 años y quien guarda prisión provisional en una cárcel que funciona en el Cuartel Militar Matamoros, en la capital, tenía una orden de captura con fines de extradición por su supuesta responsabilidad en la comisión de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las autoridades empezaron a sospechar de manera firme que el político estaba en Guatemala desde el 10 de noviembre, cuando la Policía Federal mexicana arrestó a Mario Medina Garzón en el aeropuerto internacional de Tapachula, en el estado suroriental de Chiapas, con dos pasaportes falsos que llevaban fotografías del exgobernador y de su esposa.

Medina, que está procesado y en libertad, era una de las personas que supuestamente ayudaba a Duarte, pero las autoridades mexicanas, en un trabajo coordinado con las guatemaltecas, creen que hay otro grupo de personas en Guatemala -a las que no identificaron- que lo ayudaba y le facilitaba viviendas en varias ciudades, como Antigua.

 

Las acusaciones

La detención de Duarte fue ordenada el 14 de octubre de 2016 por un juez del Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, en la Ciudad de México, y desde el 14 de noviembre tenía una alerta roja de la Interpol.

El exgobernador está acusado de diversas operaciones con recursos de procedencia ilícita, de efectuar contratos a empresas fantasmas y de utilizar “prestanombres” para transferir recursos públicos, que por ahora se estima en al menos $865 millones de dólares.



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