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La moral y cívica ambiental deben enseñarse. El artículo 55 de la Constitución prescribe los fines de la educación, y entre ellos el desarrollo integral de la personalidad en su dimensión espiritual, moral y social, así como conocer la realidad nacional e identificarse con los valores de la nacionalidad salvadoreña. Para conseguir un cambio de conductas en la sociedad urge que se instruya a nuestros menores para la batalla contra las precarias condiciones de higiene y salubridad, y frente a la contaminación “del aire que respiramos”.

Algún día, nuestros niños y jóvenes pedirán a sus progenitores, familiares y vecinos: “por favor no boten la basura en la calle, el río, el parque o el mar”; y dirigiéndose al alcalde de su población dirán: “por favor no permita que circulen autobuses esparciendo humos negros que nos enferman y pueden causarnos cáncer en los pulmones y en la piel”.

Como  es lógico, la responsabilidad de esa tarea se extiende a todos los miembros de los concejos municipales, al ministro de Medio Ambiente, al viceministro de Transporte, al ministro de Turismo, al ministro de Seguridad Pública y al director de la PNC, en fin, a todos los funcionarios obligados de proteger a la población en general, y a los menores en especial, en el cumplimiento del art. 34 de la Constitución, que afirma lo siguiente: “Art. 34. Todo menor tiene derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que le permitan su desarrollo integral, para lo cual tendrá la protección del Estado.”.

Infundir el civismo es prioritario, no basta que los niños memoricen la oración a la bandera, cuyo texto era válido hasta mediados del siglo pasado, pues ya no lo es en el actual, porque desaparecieron los “ríos majestuosos”, se marchitaron las “verdes campiñas” y se contaminó el “cielo de púrpura y oro”. Se necesita forjar en los alumnos acendrados valores y que conozcan su derecho constitucional a vivir en condiciones propicias para la salud y bienestar. No soslayemos que las leyes de educación desde el año 2012 obligan a impartir la educación ambiental con enfoque climático y se refieren sin excepción a las asignaturas, niveles y carreras técnicas y profesionales. No se han ejecutado órdenes y controles del Ministerio de Educación para hacer efectivo este valioso mandato en los centros escolares, públicos y privados; pareciera que la obligatoriedad legal no ha sido acatada. Los contenidos programáticos, en las diferentes fases educativas, están pendientes de incorporar la depredación por el cambio climático y otros aspectos cruciales conexos, declarados por las Naciones Unidas. Los maestros de primaria, secundaria y universidades, en general no gozan de actualización de conocimientos en esta materia. La cultura de conservación y protección del contorno existencial brilla por su ausencia. Desde el jardín de infantes hasta los centros superiores se desconoce la normativa jurídica vigente.

En la generalidad de instituciones de enseñanza se impone difundir -en tanto precepto fundamental y como doctrina ética- la acción social organizada contra la polución. Para lograr una trascendente instrucción en este campo es preciso comenzar con cursos de capacitación para los profesores, dado que si los maestros carecen de preparación en asuntos teóricos, prácticos y regulatorios ambientales, el esfuerzo podría ser fallido. Nuestros hijos y las nuevas generaciones continuarán siendo víctimas pasivas de la contaminación en los ecosistemas del territorio nacional, ríos inclusive, por omisión culpable de los gobernantes. La cultura de defensa de la naturaleza y de los cursos acuíferos debe ubicarse dentro de las prioridades de una planificación de mediano y largo plazo. Insistimos en que los niños y jóvenes, y los ciudadanos en general, tienen que conocer sus derechos y deberes, como dotarse de entereza para reclamar que se cumpla lo dispuesto en el artículo 117 de la Constitución, que reza así:

“Art 117. Es deber del Estado proteger los recursos naturales, así como la  diversidad e integridad del medio ambiente, para garantizar el desarrollo sostenible.”

“Se declara de interés social la protección, conservación, aprovechamiento racional, restauración o sustitución de los recursos naturales, en los términos que establezca  la ley.”

“Se prohíbe la introducción al territorio nacional de  residuos nucleares y tóxicos”.

Son máximas para la colectividad salvadoreña.

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