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OPINION

La eficiencia para fines sociales y en términos de salud se considera como aquella que provee más bienes y servicios para la sociedad utilizando un volumen de recursos determinados y finitos, por lo tanto, es procurar brindar lo mejor con lo que se tiene.  Si a la eficiencia la acompañamos del termino de justicia, el cual es concebido como “la responsabilidad de las personas, estados y sociedades de dar trato igual, equitativo y apropiado a los demás, a la luz de lo que se debe a las personas”, entenderíamos el por qué el artículo tres de nuestra constitución  dice: “Todas las personas son iguales ante la ley y no se reconocen empleos ni privilegios hereditarios”; y que en términos de salud también el artículo uno y 66 dicen que “es obligación del estado asegurar a los habitantes de la república la salud” y que “el Estado dará asistencia gratuita a los enfermos que carezcan de recursos…”  es, por lo tanto, consecuente que la distribución de recursos en salud deberá ser eficiente y justa.

Se entiende por inequidades sanitarias las desigualdades en materia de salud entre grupos de población de un mismo país, o entre países, y que dichas desigualdades son de carácter evitables o prevenibles. Inequidades que son el resultado de desbalances que se originan en el seno de las sociedades o entre las sociedades mismas.

En los últimos días, el tema del seguro médico privado del que gozan los empleados de la Asamblea Legislativa y que pretenden mantener en el siguiente año, es una fotografía en blanco y negro del sistema de salud. En el cual al que gana más se le da más y al que gana menos se le da menos.

Las diferentes condicionantes de salud  como acceso permanente al agua potable, a servicios de aguas negras, a trabajo y vivienda digna , a una alimentación completa y balanceada , por mencionar algunos cuantos  ,  todos ellos en conjunto determinan el riesgo o no de enfermar; y volviendo al caso , la posibilidad de que un empleado de la Asamblea, con un salario muy por encima de la población general  adolezca de malnutrición, neumonía o diarreas será por sus condiciones mismas, mucho menor que la de un obrero, que un empleado de maquila o que una ama de casa de escasos recursos.

También, en términos de justicia y equidad , les comparto algunos números:  el  Ministerio de Salud atiende aproximadamente el 80 % de la población del país  (aproximadamente  4.8 millones de personas ) y  cuenta con un presupuesto anual estimado para el 2016 de 615 millones de dólares,  que representa  una inversión per cápita anual en salud de 128 dólares ; y si lo comparamos de forma gruesa con  la modalidad de atención sanitaria de la Asamblea Legislativa , que según su portal  web cuenta con 1,924 empleados en el 2016 y proponen destinar  6.5 millones de dólares para  seguro médico,  esto  significaría  3,378 dólares per cápita al año ,  una diferencia por demás, abismal .

Es por tal un privilegio elitista que  favorece a un grupo reducido de la población , el cual debería ser  extensivo a todos los salvadoreños, probablemente, esto en términos de eficiencia no sea posible,  podríamos pedirles por igualdad  que se afiliaran al grupo de asegurados del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS),  sin embargo  por equidad más bien  todos deberíamos tener acceso a las mismas bondades que brinda un seguro médico privado; tanto el ISSS como el Ministerio de Salud busquen alcanzar  la calidad de los servicios privados pero sin llegar, necesariamente, a  privatizar el sistema, ser equitativos buscando la mejora y no equitativos en detrimento (todos homogéneamente bien, más que todos igualmente de mal ).

Un estado responsable procura medidas en la prevención, tratamiento y rehabilitación para su población, basados siempre en la eficiencia, justicia y equidad como sus pilares en la política de salud.

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