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OPINIONEl órgano ejecutivo, lo que comúnmente se conoce como el gobierno, ha emitido un  decreto por medio del cual dispone elevar un 13 % al valor de la factura de la electricidad, y en el cual no se hacen distingos entre “pobres” y “ricos”, o sea, que todo aquel que usa de un servicio de electricidad, tiene que pagar ese incremento, le guste o no le guste, como dijo un personaje de ingrata recordación.

Los salvadoreños, abrumados por tanta carga financiera, que recorta de hecho su personal presupuesto, no encuentran soluciones a las dificultades que se les presentan para cubrir sus gastos, y observan desilusionados el despilfarro y el enriquecimiento de los políticos deshonestos que se protegen de responder a quienes los escogieron para desempeñar cargos.

El colmo ha llegado a instituciones encargadas de velar por la correcta utilización de los recursos, como la Corte de Cuentas, los tribunales de ética y transparencia y tantas instituciones creadas para cuidar los bienes nacionales, donde lo primero que se realiza al llegar los funcionarios, es colocar a sus parientes a ocupar puestos y éstos a buscar la forma de enriquecerse acosta de las arcas del estado.

Se ha vuelto frecuente solicitar préstamos millonarios para determinada causa, y una vez aprobados resulta que los destinos se cambian bajo el pretexto de que hay necesidades más urgentes en otros proyectos de “inversión social” en los que ya muy pocas personas creen.

El presupuesto de la nación ya se ha hecho cosa común y repetitiva que a medio año se tiene que reajustar, porque no hay fondos disponibles. Pareciera que a sabiendas que los recursos no serán suficientes, se insiste en aprobar presupuestos desfinanciados, con la certeza y la esperanza que los fondos saldrán de alguna parte para cubrir las deficiencias financieras.

El Salvador permanece desde hace tiempo bajo amenaza de que el gobierno tomará los ahorros de los trabajadores, cuyo destino es proveer para las pensiones y garantizar un retiro digno, para ocuparlos “para mientras” en obras de inminente gasto, especialmente en el pago de la deuda.

El Fondo Monetario internacional, institución de análisis serios, pero fría como el hielo para entender las necesidades de la población, no se complica la vida recomendando muy estoicamente: suban los impuestos. Sin embargo, ninguna institución, califica como solución –o por lo menos mitigación- la reducción del gasto. Viajes, comidas, gasto en licores y festejos, se anteponen a necesidades verdaderamente elementales como medicinas, equipos en el sistema hospitalario, o en programas de verdadera necesidad social.

El ejecutivo ha mostrado inusitado interés en proteger a quienes ni estudian ni trabajan, con un programa “iluso” de entregarles dinero para que salgan de ese estado calamitoso. De las opiniones que se escuchan hasta ahora no se han tenido respuestas positivas para resolver ese fastidioso problema.

Las autoridades declaran que los homicidios han disminuido, no así el problema principal del país: Las extorsiones. Los pensantes de las finanzas sostienen que recogiendo dinero a expensas del trabajador, se solucionarán los problemas  por arte de magia, cuando se deben analizar lo efectos a mediano plazo de esas caprichosas campañas de “inversión social”.

Hasta ahora vemos al gobierno con una cara cuando dirige su mirada al norte, pero con otra muy diferente cuando la traslada al sur. El fanatismo ideológico está cegando a los dirigentes políticos pese a que sienten los resultados adversos a los habitantes. Las leyes económicas son universales y se imponen como una realidad ante el mundo. Lo hemos dicho en ocasiones anteriores: Incluso los países “comunistas” aunque mantienen el nombre, en la práctica han adoptado normas  para salir adelante. Desde luego  que para estos teóricos de las ciencias políticas ni la caída Unión Soviética, ni el resurgimiento de China bajo prácticas liberales, ni el hundimiento de Venezuela en sus practicas del siglo XXI, los convencerán de que es necesaria una revisión.

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