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OPINIONEl acceso a la información pública es un derecho relativamente nuevo y por lo tanto, en constante desarrollo y expansión. En una sociedad democrática moderna nadie discute sus beneficios, ya que no solo empodera a los ciudadanos para ejercer contraloría sobre las instituciones del Estado, y esto promueve su eficiencia, sino que facilita el acceso a información socialmente útil que ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas.

Por eso el acceso a la información pública debe ser entendido como un servicio a la población y no como un favor, que sirva de puente entre la sociedad y el Estado, a partir del cual se restablezcan los vínculos entre los ciudadanos y sus funcionarios, o se construya mayor confianza en las instituciones.

Una de las premisas más importantes es que el Estado, sus dependencias y sus funcionarios no son dueños de la información, sino que son los responsables de producirla, organizarla, administrarla y darla a conocer.

Sin embargo, así como ocurre con otros servicios que brinda el Estado, es necesario que el acceso a la información pública se extienda al mayor número posible de personas y a partir de allí se busque no solo prevenir y luchar contra la corrupción, como es uno de los fines de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), sino combatir la desigualdad económica y social que es una de las problemáticas más graves que aquejan a nuestro país. La información pública tiene un carácter de bien social que permite su uso como mecanismo de control institucional, de los ciudadanos hacia cualquier entidad del Estado y también para mejorar las condiciones de vida de la población.

Así, por ejemplo, en materia de educación, los padres podrán elegir un establecimiento escolar para sus hijos, de acuerdo con la ubicación o evaluación de su estándar de calidad; en materia de salud, las personas podrán exigir que se trate confidencialmente toda la información y documentos sobre su estado de salud, revisar su expediente clínico y obtener una copia del mismo; en materia de seguridad, podrán conocer los lugares donde el municipio o policía tienen instaladas cámaras de vigilancia; en el campo de la construcción, podrán obtener expedientes de autorización y planos de los lugares que habitan; en el campo financiero, podrán conocer su calificación e historial creditico, etcétera.

En definitiva, el acceso a la información pública debe ser visto y tratado como lo que es, un servicio que prestan las instituciones del Estado a la sociedad, de modo que no puede pasar inadvertido uno de los principales hallazgos identificados en el último estudio sobre la “Implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública en las municipalidades de El Salvador”, realizado por el Instituto de Acceso a la Información Pública, en el último semestre de 2015, que reveló que más de un 80 % de los entrevistados, entre alcaldes, concejales, jefes administrativos y oficiales de información, considera que el principal riesgo que tiene la aplicación de la LAIP en el municipio es el uso de la información con fines delictivos o desleales por los solicitantes.

El servicio público de facilitar el acceso a la información a la población, especialmente a los habitantes de cada municipio, debe reflejarse con verdadera voluntad política, por ejemplo: tener un presupuesto destinado a ese fin; pues, cerca de un 60 % de los entrevistados manifestaron que la municipalidad no cuenta con un presupuesto para la implementación de la LAIP.

No debe olvidarse que así como se mejoran otros servicios públicos, con el acceso a la información El Salvador alcanzará mayor nivel de desarrollo. Y en esto, seguramente, coincidiremos todos.

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