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RODOLFO-GONZALEZ

El artículo 29 de la Constitución de la República es la disposición salvadoreña que le permite al Estado suspender temporalmente derechos constitucionales para enfrentar ciertas situaciones difíciles para el país, como una rebelión, una catástrofe, una epidemia o calamidad o una grave perturbación del orden  público. Rodolfo González, magistrado de la Sala de lo Constitucional, advierte que no puede haber un decreto general.

¿Cuál es el proceso para aprobar un estado de excepción?

Primero, hay que ver el supuesto. Los supuestos los dice el artículo 29 de la Constitución: guerra, catástrofe, calamidad, graves perturbaciones del orden público. Cada cierto tiempo que se discute en el país un posible régimen de excepción se discute cuál de los supuestos del 29 se le haría encajar… Graves perturbaciones del orden público, se ha dicho, puede ser un incremento inusitado, desproporcionado, anormal, de la delincuencia. Determinado que se da ese supuesto, hay que ver cuál sería el fin, porque en el artículo 29 hay seis derechos que se pueden limitar: libertad de expresión, libertad de tránsito, derecho de reunión y asociación, el secreto de las comunicaciones…, eso lo aprueba la Asamblea con dos tercios de votos en votación nominal y pública, dice la Constitución. También se pueden limitar otros dos derechos, del artículo 12, que la persona no puede ser obligada a declarar y que no puede ser detenida (sin no ser informada de las razones de su detención). En régimen de excepción, la persona podría ser obligada a declarar y podría estar más de las 72 horas (detenida), pero estos dos últimos derechos, vinculados al debido proceso, tienen que ser aprobados con las tres cuartas partes, con 63 votos (de la Asamblea). Siempre han entendido los constitucionalistas que el Ejecutivo (lo aprueba) en caso de que la Asamblea por la misma situación excepcional no pudiera integrarse con el quórum mínimo para tomar decisión, pero yo pensaría que la situación excepcional en este momento no llega al punto de que la Asamblea no se pudiera reunir, por lo tanto, aquí el Ejecutivo no tiene nada que hacer, es la Asamblea. Aquí es importante el fin, puede tener sentido para el control territorial, el derecho a la reunión, pero ¿libertad de expresión y secreto de la correspondencia qué tiene que ver con control territorial?

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¿Se puede decretar estado de excepción limitando solo ciertos derechos?

La Asamblea no está obligada a limitar todos los derechos que dice el 29, puede limitar solo dos o tres. Ciertos derechos en cierta parte del territorio, no tiene que ser necesariamente por los 30 días. La morada no está (en el artículo 29), (en un estado de excepción) no se puede allanar la morada sin orden judicial… Los tratados internacionales y el Convenio Europeo de Derechos Humanos utilizan frases de ‘cuando esté en peligro la vida de nación’ para que podamos hablar de limitar…, la última vez fue 1989 y, si venimos ahora, tendría que justificarse una medida excepcional. Algunos diputados han dicho que van a retomar un proyecto de 2012, no puede ser tan general, en todo caso, sobre eso hay control constitucional.

¿Por qué no puede ser general?

Porque, cuando se trata de derechos, tiene que motivar las razones, tienen que explicar los supuestos, el fin, qué derechos se limitan.

¿Cuál es la diferencia entre estado de excepción y medidas excepcionales?

Se habla de situaciones excepcionales que pueden dar lugar a medidas excepcionales. Más que todo en las leyes, se habla de estado de emergencia, la ley de protección civil habla que en situación de desastre, ahí es más difícil encajar; se puede decretar emergencia nacional que tiene más que todo consecuencias de tipo financiero. Cuando se habla de otras cosas como estado de sitio, eso no existe en El Salvador, toque de queda, de que pueden matar a alguien que ande caminando. Esas son figuras históricas. La última vez que tuvimos una ley de estado de sitio fue en 1950, en la vigente Constitución no hay estado de sitio, hay régimen de excepción. El maestro (Albino) Tinetti dice que no hay que hablar de suspensión de garantías, el nombre técnico sería limitación temporal del ejercicio de estos derechos.

¿En un estado de excepción una autoridad puede limitar la circulación en un horario?

Sí, eso sí se puede. Si la situación se da en una parte del territorio. No tiene por qué aprobarse para todo el territorio, siempre el fin general es restablecer el orden constitucional. Técnicamente, aunque la Constitución le llama suspensión de garantías, no podemos decir que por 30 días no hay libertad de expresión, no. Hay como resabios históricos de la guerra. La vida, la integridad personal, no están comprendidos en el 29 como derechos que puedan limitarse, por tanto, torturar, andar matando, no pueden hacerlo. Es un caso, vamos a decirlo así, en que el Estado le da permiso a la Constitución para tocar derechos fundamentales, pero tiene que haber una razón de peso, justificada, fundamentada, por eso no puede ser tan genérico.

¿Bajo qué criterios la Sala podría analizar un decreto similar?

Dice el 183 de la Constitución que las leyes pueden ser enjuiciadas por vicios de forma o de contenido. Vicios de forma: supóngase que la Asamblea aprobara un decreto de excepción por mayoría simple, que lo aprobara el Ejecutivo cuando no había impobilidad real para que la Asamblea aprobara la medida, hay vicio de forma. Supóngase que se incluya un derecho que no está comprendido en el 29, hay vicio de contenido. Y también hay un principio internacional, que es la proporcionalidad. Si para afrontar una situación de catástrofe la Asamblea quiere limitar libertad de expresión, primero hay que ver a quiénes se va a controlar, cómo, qué fin se busca. Uno podría pensar que una justificación que puede haber en este momento está vinculada con control territorial, recuperación de territorios, uno podría empezar que la limitación a la libertad de tránsito puede tener alguna justificación, pero empezar a intervenir correspondencia, correos, redes sociales, yo no sé si estamos entendiendo mal, el (artículo) 29 de la Constitución no es barra libre para que el Estado atropelle derechos. Es una medida que no se utiliza todos los días y la última vez que se utilizó se hizo hace 25 años, eso le explica a usted por qué hay que tratar esa medida con mucho cuidado, solo si es de verdad necesaria.

 

 

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