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Para el sector Energía se busca actualizar el marco legal, así como la Política Energética Nacional 2010-2024, para promover energías renovables. También plantea definir este año una meta de reducción de emisiones con respecto a un crecimiento sin ninguna acción de mitigación al 2025; una meta de reducción de emisiones al 2025, pero vía inversiones en eficiencia energética y con respecto a una línea base establecida para 2010;  un plan de restauración de cuencas que el sector hidroeléctrico presentará antes de la COP 22 en 2017;  y el sector de generación de energía definirá una meta para 2025, de aumentar energía renovable no menor al    12 % a lo que se generaba en 2014.

Como se puede leer, acá es donde el plan trata el tema de cuencas pero enfocado solo en el sector Energía. Restaurar cuencas para mejorar caudales ambientales y lograr seguridad hídrica es apremiante como acción de adaptación para la mayoría de nuestro territorio y tiene el objetivo de minimizar vulnerabilidad y hacernos resilientes ante shocks climáticos. Esta actividad es la principal a considerar en el contexto de la adaptación para el sector Hídrico dentro de un plan mejorado de acción climática.

Por otro lado, el plan no contempla el aumento de las emisiones de gases debido a nuevas inversiones a base de combustibles fósiles, como el gas licuado. Si la meta del Acuerdo de París es descarbonizar la economía mundial al 2050, tenemos que preguntarnos cómo vamos a manejar estas inversiones, en términos de darlas de baja. Pero más que preocuparnos por eso ahora, es más importante que el país le apueste a lo propio y a lo factible:  expandir la energía geotérmica.

Finalmente, en el sector Salud, que incluye Saneamiento Ambiental, Trabajo y Previsión Social, y Transporte, el plan climático menciona que se presentará antes del 2018 un plan integrado de adaptación al 2025. Otras metas: para 2016, antes de la COP 22, contar con un plan de reducción de emisiones de rellenos sanitarios para ejecutar en 2018-2025; para 2016 se trabajará en una normativa para mejorar calidad del diésel para su aplicación en 2018;  promover movilidad limpia en el Área Metropolitana de San Salvador; y desarrollar una propuesta para mejorar calidad de parque vehicular privado, transporte público y de carga, con metas definidas para 2025.

En resumidas cuentas, el plan de acción para el clima de El Salvador deja mucho que desear. Se proyecta mucha planificación para el mediano y largo plazo pero muy poca acción para el corto plazo. En gran parte, esto se debe a que hubo un proceso de consulta hecho a la carrera y para salir del paso para preparar el plan. La meta exigida por la ONU para que los países presentaran sus planes o INDCs fue el 1 de octubre del 2015 y El Salvador presentó su plan el 18 de noviembre. La supuesta consulta que hizo el MARN tampoco incluyó a actores clave que deberían haber participado.  Es necesario aterrizar esto con mayor seriedad en cuanto a la consulta de ONGs y sector privado. Un plan robusto y consensuado representa grandes oportunidades de recursos y crecimiento económico.

El Acuerdo de París, el cual le apuesta a economías 100 % renovables y resilientes, nos obligará a invertir en protección de vidas, es decir, en nuestra población entera, en protección de ecosistemas naturales y en protección de infraestructura.  Tenemos que reaccionar y actuar con urgencia ante nuestra propia vulnerabilidad de país. Y aunque la principal tarea será la definición de metas  y proyectos de adaptación en sectores prioritarios dentro de un nuevo plan climático o INDC, en el corto y mediano plazo El Salvador debe invertir en minimizar vulnerabilidad hídrica y alimentaria.

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