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Editorial & Opinion

El Colegio de Abogados

jueves 12, febrero 2015 - 7:08 pm

Está en pleno desarrollo el proceso electoral a cargo de la Federación de Asociaciones de Abogados (Fedaes), para las elecciones de aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de miembros del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).

La Junta Directiva de la Fedaes con su Secretario General, doctor Luis Arturo Zaldívar y el Comité Central Electoral bajo la presidencia del doctor José Luis Lovo Castelar, ambos miembros del IIDC, administran la contienda.

La situación prevaleciente en el gremio de abogados es compleja, puesto que se votará por rostro y se postulan candidatos para el CNJ por una docena de asociaciones ya inscritas en el registro correspondiente.

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El número de votantes en el padrón electoral base es de 26,868 abogados autorizados, del cual habrá que eliminar los suspendidos e inhabilitados y en el caso del CNJ, los que votan por sus propios representantes en universidades, ministerio público, jueces y magistrados. En este escenario polémico y de difícil pronóstico, resurge el debate sobre la colegiación profesional obligatoria, que tiene notables ventajas pero no está exenta de riesgos.

El doctor René Padilla y Velasco, eminente procesalista, en 1982 rebatió las argumentaciones basadas en la libertad de asociación y la libertad de trabajo, cuando afirmó que “una corporación de Derecho Público no necesita la voluntad de las personas que la forman o la integran; es la ley, es el legislador que por su voluntad, sin consultar con la voluntad de los particulares, forma ese tipo de organizaciones llamadas corporaciones de derecho público”.


Esto es importante subrayarlo en vista que en septiembre de 1984 se declaró inconstitucional la Ley General de Colegiación Profesional Obligatoria decretada por la Junta Revolucionaria de Gobierno en 1982, antecedente negativo que habría de superar.

El doctor José Ernesto Criollo, en conferencia pronunciada en 1993, en la IV Convención Nacional de Abogados, mencionó que el Colegio es necesario para que los servicios profesionales     sean honestos y eficaces. Enfatizó que los abogados podrán obtener superación económica y protección en el ejercicio de la profesión. Dijo que los fines fundamentales son procurar el bienestar y la seguridad jurídica, luchar por el cumplimiento de la Constitución y del derecho. Se definió por crear una Corporación de Derecho Público mediante una ley secundaria. Afirmó que no se atentaría contra la libertad de asociación, pues ésta únicamente es aplicable a las asociaciones de interés particular.

En 1999 la VI Convención Nacional de Abogados recomendó que no se ratificara una reforma constitucional ya acordada en primera fase por la Asamblea Legislativa en 1996, que creaba el Consejo Nacional de Abogacía y Notariado, siguiendo recomendación de la Comisión de la Verdad, por considerarse que esa nueva entidad sería inapropiada para un adecuado control profesional y que se contraponía al objetivo gremial prioritario de establecer la colegiación obligatoria. La siguiente Asamblea Legislativa no ratificó la reforma constitucional. Esa Convención de Abogados auspició, lo mismo que otros 20 gremios profesionales, la figura de una “Corporación de derecho público”, dado el sentido jurídico-social de las profesiones liberales. En ponencia del doctor René Fortín Magaña denominada “La solidaridad profesional” analizó ese proyecto, que había sido elaborado por una comisión de la Fedaes, integrada por él y los doctores Jorge Eduardo Tenorio, Luis Nelson Segovia y José Albino Tinetti, que agregaba incisos al Art. 61 Cn. que declaraba el interés público del ejercicio de las profesiones universitarias. El doctor Fortín Magaña afirmó que la colegiación “constituye una firme, antigua y justa aspiración gremial”.

Otra propuesta ha sido adicionar una frase al Art. 7 Cn. que consagra la libertad de asociación con una excepción expresa respecto a los colegios profesionales.

La organización gremial es un fenómeno democrático y democratizador de gran reconocimiento internacional. Tienen colegiación obligatoria Alemania, Austria, Australia, Bélgica, Países Bajos, Japón, Noruega, Portugal, Suecia, España, Francia, Argentina, Uruguay y México. Los países centroamericanos se incluyen en esa lista, menos El Salvador. El Colegio de Abogados permite avances en la eficiencia, calidad y control profesional, en la solidaridad interna y externa, disciplina, vigilancia, ética, dignificación colectiva, capacitación, seguridad social, defensa del gremio, servicios culturales y hasta beneficios económicos para disponer de instalaciones apropiadas.

Detractores de la colegiación obligatoria en nuestro país han aducido que los intereses particulares protegidos se verán afectados, que hay peligros de politización, entronización de camarillas, debilidad en la responsabilidad participativa y flaquezas en el tribunal de honor. Se ha respondido que estos riesgos pueden evitarse mediante regulaciones internas fuertes y justas, incluyendo incompatibilidades con cargos públicos y políticos de los directivos del Colegio.

La colegiación se justifica en doctrina y práctica en razón del cumplimiento de deberes del Estado, como son la consecución de la justicia y la seguridad jurídica, pero deben evitarse los riesgos de la politización partidista que cunde inmisericorde en nuestra sociedad.

 




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