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Editorial & Opinion

El decreto de los tres poderes

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional / Autor: Rene Fortín Magaña

sábado 21, octubre 2017 - 12:00 am

El día 4 de julio de 1944, pareció definirse, finalmente, la situación institucional de la República de El Salvador. Después de numerosos cabildeos y negociaciones se convino en que los tres poderes del Estado declararían vigente la Constitución de 1886. ¡Un triunfo para la revolución!

Desde el punto de vista jurídico, tal acto era una novedad, que no encajaba claramente en la ortodoxia doctrinaria del Derecho Constitucional. En rigor, fue un innovador golpe de audacia que, con el aplauso popular, parecía resolver los delicados momentos que vivía el país.

“La situación que vivía la República, condujo -dice el Dr. Rafael Antonio Carballo- a que el 4 de julio se reunieran en Casa Presidencial quizá más de doscientos militares uniformados con la presencia del gabinete de Gobierno y también de la Corte Suprema de Justicia, y muchos ciudadanos particulares, para discutir la situación política que vivía la República. En el fondo, era una confrontación que casi amenazaba con un golpe de Estado. El motivo principal era que se hacía necesario decretar una nueva Constitución para resolver el vacío jurídico existente, provocado por los estatutos Martinistas, que regían sólo de hecho y dado su origen viciado e ilegítimo, eran repudiados por el pueblo; pero esta idea de decretar una nueva Constitución, inquietaba al ejército, el que acaso podría pensar que ello amenazaría con cambios muy desfavorables para la Institución Armada.”.

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“Por eso en aquella reunión los militares expresaban su rotunda negativa ante toda propuesta conciliadora. Pero a Dios gracias, cuando los ánimos estaban ya candentes, de la Corte Suprema surgió una idea que tuvo la virtud de unificar todos los criterios, pues fue recibida con un aplauso general. En realidad, por primera vez tengo que decir que la idea que resolvió tan grave problema fue mía y que así lo manifestó el Dr. Miguel Tomás Molina en declaraciones al Diario La Prensa, según su edición del día 6 de julio de 1944.”.

“Ahí tuvo su origen el decreto de “Los Tres Poderes”, dictado el 11 de julio de 1944, por el cual se puso en vigencia la Constitución de 1886, con algunos remiendos que las Constituciones Martinistas volvían necesarios, y se dejaron sin efecto la Constitución de 1939 y sus reformas de 1944. Demás está decir, que la Constitución de 1886 fue aceptada y jurada por el pueblo salvadoreño, que contando otra vez con la vigencia de su venerada Constitución, tuvo ya por correctamente encarrilada la vida institucional de la República. La redacción del Decreto de los Tres Poderes fue encomendada por la Corte Suprema de Justicia al Dr. Sarbelio  Navarrete y a este servidor, quienes gestionaron para que una de las Cámaras de Segunda Instancia que funcionaban en San Salvador, fuera trasladada a esta ciudad, donde actualmente imparte justicia.”.


“Sin embargo, algunos abogados han dicho que al Decreto de los Tres Poderes no hay que concederle ninguna fuerza legal, porque no fue respaldado en ninguna Ley de la República. Para ellos, según creo entender, fueron verdaderas Leyes las Constituciones Martinistas, porque éstas fueron promulgadas por los órganos del Estado, guardando los requisitos de forma, aunque los Diputados Constituyentes habían obedecido sólo las órdenes del Dictador, contra la voluntad de un pueblo que impotente, era mero espectador de aquel desastre nacional.”.

“Para quienes opinan así, nada importó que las Constituciones Martinistas dadas a espaldas del pueblo fueron precisamente las que habían provocado la revolución y que por eso el descontento popular continuaba más allá de la caída de Martínez, porque las mismas, seguían siendo la pústula maligna ya durante el Régimen del General Andrés Ignacio Menéndez.”.

“Tampoco quieren reconocer los defensores de la vigencia de las Constituciones Martinistas una evidencia y es la de que el Decreto de los Tres poderes, al dejar sin efecto las Constituciones de Martínez y poner en vigencia la Constitución de 1886, había traído la tranquilidad al pueblo, que, como alguien lo ha dicho, no sabe de leyes, pero juzga y sentencia.”.

  • Nota: reflexiones sobre historia constitucional, del doctor René Fortín Magaña, seudónimo Víctor Uclés, en su libro titulado “En un lugar de la República”, agosto 2017, páginas 92-96. Editorial Alejandría.




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