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Editorial & Opinion

El derecho a burlarnos

José Miguel Arévalo Rengifo/Abogado

lunes 11, julio 2016 - 12:00 am

OPINION

Varios diputados de la Asamblea Legislativa se han mostrado “indignados” y “ridiculizados” con motivo del anuncio de una empresa de telecomunicaciones, en el cual se hace un llamado a vivir con honestidad, al mismo tiempo en el que se hace una burla de conocidas situaciones como el elevado número de asesores con el que cuentan algunos políticos en nuestro país y el despilfarro que se ha hecho, en múltiples ocasiones, con los recursos de los contribuyentes.

El artículo 6 de la Constitución de la República establece que toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos, siempre y cuando no lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás.

Si bien este anuncio aparentemente lesionó el honor de algunos funcionarios, la Sala de lo Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que “ante un ataque al honor, no es lo mismo que el sujeto pasivo sea un particular a que sea un funcionario público.

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Este último goza –respecto a ese derecho– de un ámbito de protección menor que los particulares: quien llega a un cargo público se expone a un escrutinio público y eso implica que los ciudadanos pueden válidamente criticar, cuestionar o burlarse abiertamente de la gestión de un funcionario”.

En esa misma línea, la jurisprudencia interamericana ha sido enfática al establecer que estas expresiones reciben una “protección especial”, por su importancia para la consolidación y preservación de la democracia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Kimel vs Argentina (2008), estableció que la libertad de expresión “protege tanto la emisión de expresiones inofensivas y bien recibidas por la opinión pública, como aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos, a los candidatos a ejercer cargos públicos, o a un sector cualquiera de la población”.


Por lo tanto