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Opinión

EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA Y EL DERECHO A LA PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

José Salvador Molina Orellana

sábado 13, enero 2018 - 12:04 am

Por Lic. José Salvador Molina Orellana.

Abogado y Notario

e-mail: molinaorellanajosesalvador@gmail.com

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Desde que se comenzó a hablar en las diferentes latitudes sobre el Derecho a la Protección de Datos Personales y más recientemente del Derecho de Acceso a la Información Pública, ambos con asidero y fundamento constitucional, se comenzó a tener choques de pensamiento en relación a la prevalencia de ambos derechos , y en las distintas sociedades en que se tiene dentro de sus sistemas Jurídicos y nuestro país no es la excepción, para que exista en algún momento diferentes criterios en relación a la prevalencia de alguno de estos sobre el otro; en relación a lo cual no podemos dejar de mencionar que ambos se sustentan en una base constitucional y que representan un paso adelante en la consolidación de la democracia en nuestro país.

Por una parte, el Derecho de Acceso a la Información Pública, viene a romper con el principio denominado ARCANA IMPERI o Imperio del Secreto, que se refiere precisamente a privilegiar el secreto de las cuestiones de Estado, es decir en donde el principio imperante era o ha sido siempre la opacidad y el secreto de la información pública, que ha tenido a su base la estructura del Poder Político. Como bien lo expresó el Relator Especial para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, en su informe anual en 1999, con respecto al derecho del público a la información: “La información permite que las personas escruten las acciones del gobierno y es la base para un debate apropiado, e informado sobre tales acciones. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos prefieren conducir la cosa pública en secreto, en Swahili una de las palabras que denominan al gobierno significa: secreto feroz. Inclusive los gobiernos democráticos prefieren realizar la mayor parte de sus actividades fuera de la mirada del público.”


Quedando a discreción de los funcionarios de turno cual es la información que proporcionarán, lo cual privilegia los temas de tráfico de influencia, fomento de la corrupción, manejo de información privilegiada en grupos de poder cercanos a los Funcionarios que manejan este tipo de información.

Hoy por hoy, hemos alcanzado un enorme logro con la promulgación y posterior vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), gracias al impulso y lucha, previa a su vigencia, con el concurso del llamado Grupo Promotor de esa iniciativa de Ley, el que estaba integrado por las prestigiosas universidades Dr. José Matías Delgado, y José Simeón Cañas (UCA), y otros centros de pensamiento como Fusades. Pasando del estadio de la Arcana Imperio, a la etapa de máxima divulgación de la información, en donde la citada ley ha dejado claro la prevalencia del principio de máxima publicidad de la información pública en poder de los entes estatales y sus dependencias, salvo las excepciones expresamente establecidas por la referida Ley; y que en caso de duda se deberá de hacer prevalecer el criterio de la publicidad de tal información, como la misma Ley lo indica , pudendo hacer uso de recurso de someterlo a la prueba del interés público.

Es importante no omitir que la protección de datos personales es un derecho humano de rango constitucional al igual que el de acceso a la información, cuyo objetivo es proteger los datos e información de carácter privado de sus respectivos titulares, la cual se sustenta en los derechos a la intimidad y en el derecho a la privacidad. No obstante, no existe ninguna regulación de ley secundaria específica para este derecho que necesitaría de una normativa específica para cubrir todas las aristas que el mismo tiene; sí hay una regulación sobre el mismo dentro de la Ley de Acceso a la Información Pública, en el Titulo III de ese cuerpo de Ley que se refiere precisamente a los datos personales y su protección.

Resulta claro que ambos derechos en comento son pilares para el fortalecimiento de la democracia y a la vez que este régimen debe garantizar los mismos, para producir un círculo virtuoso en torno al impulso de la transparencia, la gobernabilidad, y la madurez de ésta.

JERARQUIA DE AMBOS DERECHOS

Hemos dicho que ambos derechos tienen sus fundamentos en nuestra Carta Magna, por ello tienen igual nivel normativo:

El primero se encuentra anclado al Derecho a la Libertad de Expresión, el que presupone el Derecho de Acceso a la Información Pública; basados en el presupuesto de que toda persona tiene derecho a hacer peticiones por escrito a las autoridades legalmente establecidas, y a que se le haga saber lo resuelto, de acuerdo al Art. 18 de la Constitución de la República, el cual ha sido desarrollado en la LAIP.

El segundo, el Derecho a la Protección de Datos Personales se basa en en el Derecho a la autodeterminación informativa, incluido en el Art. 2 de nuestra Constitución, así como en otros derechos de igual rango como la inviolabilidad de correspondencia, el derecho a la propia imagen, entre otros. Asimismo, ambos derechos tienen un fundamento extra constitucional, siendo estos los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, para el caso ambos están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, tal como reza el Art. 19 de esta normativa de reconocimiento internacional : “ Todo individuo tiene derecho a la Libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones , el de investigar y recibir informaciones y opiniones, (…) por cualquier medio de expresión”. O de igual forma el Art. 12 de dicha Declaración Universal: “Nadie podrá ser objeto de injerencias en su vida privada, su familia(…), toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias y ataques“.

El presente artículo reviste trascendental importancia ya que en el ejercicio de sus aplicaciones, los derechos en comento pueden entrar en colisión, aunque otras veces se pueden complementar, siendo un caso concreto de ello cuando alguna entidad pública debe rendir cuentas a las personas. Ocurriendo con mayor frecuencia lo primero, debido a que los entes de gobierno y sus dependencias reúnen gran cantidad de datos personales lo cual en determinados casos provoca situaciones de conflicto en relación con el acceso a la información confidencial. Estos últimos deben ser protegidos por los entes estatales que los tienen y representan la excepción a la aplicación del principio de máxima divulgación regulado en los Art. 31 y 32 de la referida Ley de Acceso a la Información Pública, que señalan los deberes de los entes obligados en relación a la protección de los datos personales.

Es importante apuntar que en los casos de conflictos de intereses y colisiones referidos, debe de establecerse una frontera y/o un equilibrio entre el acceso a la información y la protección de datos personales. Este es uno de los aspectos más delicados de la dogmática jurídica de los derechos fundamentales, en el sentido de establecer una solución en aquellos casos que tales derechos parecen colisionar.

Para ello, la dogmática ha recomendado buscar los puntos de contacto en lugar de los puntos de conflicto, al efecto de encontrar acercamientos interpretativos, para que las colisiones no sean insalvables, sin causar perjuicio a uno u otro derecho o al menos tratar de encontrar una justificación razonablemente justa para cada caso concreto, sin que se sacrifique uno en perjuicio del otro.

Este conflicto de derechos es una realidad que no solo se hace presente en nuestro país, también en muchos otros en los que se ha implementado leyes de acceso a la información pública. Presentándose así, divergencias de opiniones en relación a proporcionar o no información que está en poder de una entidad pública y que contenga datos personales.

Para contrarrestar estas estas diferentes situaciones existen múltiples soluciones desarrolladas en los distintos países:

Algunos Estados, tienen leyes que regulan ambos derechos fundamentales por separado, o bien han optado por hacer ciertas pruebas ( prueba del interés público y prueba del daño), en manos de Institución rectora del acceso a la información pública, para el caso valorar el grado de interés general de conocer una determinada información sobre el interés privado de protegerla.

Nuestra ley de Acceso no reguló en forma expresa la prueba del daño al interés protegido por ley, sólo la prueba del interés público referido al caso de las declaratorias de Información Reservada a que se refiere el Art. 21 de la Ley; valga decir que sobre la prueba del interés público, me parece pragmático para dar salida al aparente choque de intereses entre los derechos apuntados, con el fin de encontrar la solución razonablemente justa de cada caso concreto. Pero es importante en este respecto tener en cuenta que nuestra ley de Acceso, ha dejado plasmada en el contenido de su cuerpo normativo que la regla general es la máxima divulgación de la información en poder de los entes obligados, y que solo por excepción no entregará información requerida, en los casos de aquella que fuere clasificada de acuerdo a sus reglas como Información Reservada; y tampoco la que se califique de acuerdo a la misma ley como Información Confidencial, que es la que contiene datos personales y por supuesto datos personales sensibles.

Sin embargo, puede presentarse una excepción a la se presenta a su vez una excepción para poderla divulgar, en los siguientes casos:

a) En relación con la Información Reservada, aplicando lo regulado en el artículo 29 en la Ley de Acceso a la Información Pública, en donde le da la facultad al Instituto de Acceso a la Información Pública, para que resuelva sobre los casos de divergencia de opinión en cuanto a la procedencia o no para divulgar información reservada, en cuyo caso “per-se”, dicha entidad podrá apoyarse en la prueba del daño, que ya ha sido desarrollada en la jurisprudencia administrativa que ha pronunciado el Instituto de Acceso a la Información Pública, para decidir la procedencia o no de dar tal información.

b) En el caso de información confidencial, que contenga datos personales, nuestra Ley, aplica una excepción a tal prohibición, que consiste en dar información que contenga tales datos, por vía de excepción y haciendo una calificación de parte del legislador, a priorí del interés público, estableciendo de manera imperativa en su Art. 34, que los entes obligados deberán proporcionar datos personales sin el consentimiento de su titular, en los casos concretamente definidos de forma expresa en el referido Artículo, que resulta claro, para dar solución a cualquier conflicto que se presente, en la aplicación de los referidos derechos, lográndose con ellos establecer un balance o equilibrio entre ambos.




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